La Contraloría General de la República le solicitará a la Corte Suprema de Justicia que la avale como víctima dentro del proceso que se adelanta contra el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, por irregularidades en la contratación durante su período.

En la petición, el delegado del ente de control fiscal argumentó que, con su actuar, Fajardo afectó gravemente el patrimonio de la nación. Frente a la petición, la defensa del exmandatario (2012-2015) no presentó ningún tipo de reparo. Será ahora la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la que defina si le da el reconocimiento o no de víctima a la Contraloría General.

De ser avalada, la Contraloría podrá participar activamente mediante su representante en la audiencia, haciendo preguntas a los testigos y emitiendo sus conceptos en los alegatos de conclusión, esto es si se pide una condena o un fallo absolutorio a favor del exmandatario.

Este lunes, la Fiscalía General acusó a Fajardo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado. El proceso tiene como origen cuando Fajardo firmó en diciembre de 2013 el contrato de “sustitución de deuda” con el Banco Corpbanca Colombia S.A. y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

El contrato tenía como objetivo que el Banco y el IDEA, en calidad de contratistas, le otorgarán al departamento una suma cercana a las 98 millones de dólares. El préstamo en efecto se realizó y logró solventar las deudas que existían. Sin embargo, con el aumento en el precio del dólar y la conversión el pago para la Gobernación aumentó de manera considerable.

El ente investigador reprochó que Fajardo no adelantó una evaluación razonada ni técnica para evaluar los riesgos de dicho préstamo. Esto teniendo en cuenta el hecho que el Manual de Contratación de Antioquia le asignaba la competencia y obligación jurídica para ver los pros y contras de la acción.

Igualmente, habría omitido la advertencia hecha por el Comité Financiero y de Tesorería Departamental frente a una línea de redescuento en dólares de Findeter S.A., sobre aspectos fundamentales entre los que se encontraban la forma de financiamiento, las diferentes alternativas del mercado, así como la conveniencia financiera y fiscal de la operación. Puntos fundamentales como lo reseñan los principios de contratación pública.

La Fiscalía General advirtió en la acusación que en el contrato se pactó el desembolso, pago de intereses y capital en moneda nacional, sin embargo, realmente se vino ejecutando, sin justificación alguna, en dólares; consecuentemente, se trató de un crédito público externo y no interno que -según el Decreto 2681 de 1993- requería para su celebración de concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Con su actuar, resalta el ente acusador, se presentó para el 31 de diciembre de 2015 un daño patrimonial de 98.443 millones de pesos. En repetidas ocasiones, Fajardo ha manifestado que cumplió todos los requisitos de contratación y que, pese a todas las evaluaciones, le era imposible proyectar el aumento exponencial del precio del dólar.

Citando análisis técnicos, financieros y jurídicos hechos por Policía Judicial se advierte que no se realizó un estudio “sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera”, resaltando que al momento de la firma del mismo el dólar tenía un valor promedio de 1.900 pesos, pero dos años después -teniendo en cuenta la crisis financiera y bursátil de los Estados Unidos- aumentó a 3.100 pesos.

Antes de la firma del contrato no se realizó una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario, lo que afectó considerablemente las finanzas del departamento puesto que el valor inicial prácticamente se triplicó.

Debido a esto, ha señalado que cuenta con todos los elementos materiales probatorios para demostrar su inocencia en el juicio que se inicia este lunes en la Corte Suprema de Justicia. El ahora precandidato presidencial escribió en su cuenta de Twitter que, después de cinco años de investigación, podrá defenderse y demostrar que la Fiscalía “se equivoca” y que “no cometí ningún delito”.