La Contraloría General anunció importantes avances en la lucha contra la corrupción en el sector de la salud. En un informe presentado este viernes, 5 de abril, se reveló que se han proferido fallos de responsabilidad fiscal por cerca de 3 billones de pesos en contra de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), debido a “malos manejos” en relación con los recursos de la salud.
De acuerdo con el contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, entre las irregularidades detectadas se encuentran el pago de horarios no laborados y el pago de implementos no requeridos en el plan de salud, entre otros.
“Los informes que presentamos hoy dan cuenta de que hemos proferido fallos de responsabilidad fiscal por unos 3 billones de pesos en contra de IPS, hemos tenido malos manejos en relación con los recursos de la salud, específicamente de la UPC (Unidad de Pago por Capitación)”, aseguró el contralor Zuluaga.
Y detalló: “Hemos especificado cuáles han sido las características de estos fallos de responsabilidad fiscal, pago de horario, pago de implementos no requeridos en el plan y una serie de situaciones que fueron debidamente ejecutoriadas en los fallos”.
El contralor Zuluaga destacó la importancia de trabajar de manera articulada con la Fiscalía y la Procuraduría para trasladar los hallazgos tanto disciplinarios como penales derivados de las pesquisas.
“(…) Razón por la cual lo que sí invitamos es a que podamos trabajar articuladamente con la Fiscalía y con la Procuraduría en esos traslados de hallazgos, tanto disciplinarios como penales”, solicitó.
De igual forma, el contralor hizo un llamado a trabajar en equipo para combatir la corrupción en el sector de la salud, señalando que es necesario coordinar esfuerzos con las demás entidades de control para lograr resultados efectivos. Asimismo, anunció que se programó una reunión para el día lunes, 8 de abril, a las 8:30 de la mañana, en la que participarán la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía y la Contraloría para socializar los informes presentados y recibir observaciones sobre diferentes EPS.
Hasta el momento, la Contraloría ha abierto procesos de responsabilidad fiscal por más de 77.000 millones de pesos y tiene procesos en curso que suman más de 500.000 millones de pesos en el histórico de la entidad. Se espera que una vez se liberen los informes recientes de las actuaciones de la UPC, esta cifra aumente considerablemente.
“Inefectividad” en las sanciones impuestas por Supersalud
De otro lado, SEMANA conoció una advertencia de la Contraloría General, firmada por el excontralor Carlos Hernán Rodríguez, en la que encendió las alarmas por la “inefectividad” de la Superintendencia de Salud cuando lleva a cabo acciones sancionatorias.
La advertencia cobró relevancia luego de que la Supersalud interviniera a la EPS Sanitas y Nueva EPS, bajo la promesa de recuperarlas económicamente y mejorar el servicio a los usuarios.
El documento, con fecha del 6 de febrero de 2023, iba dirigido a Ulahy Beltrán, exsuperintendente, bajo el asunto de “advertencia al gestor fiscal, seguimiento permanente a las cuentas por pagar y pagos, por parte de las entidades responsables de pago a la red prestadora de servicios de salud”.
El excontralor advirtió la posibilidad de que se pierdan los recursos, dado que las medidas que toman “no son efectivas”.
“Por el riesgo de pérdida de los recursos del SGSSS, comprometidos en la cartera con los prestadores, la cual se acumula y con el tiempo se convierte en irrecuperable, frente al incumplimiento en el flujo del recurso y en los acuerdos de conciliación entre las ERP (Entidades Responsables de Pago) y los prestadores, se evidenció inefectividad en las acciones sancionatorias por parte de la Superintendencia Nacional de Salud”, indicó en el documento.
Uno de los puntos que más reiteró el informe es que las deudas con los prestadores, que es una de las preocupaciones del presidente Gustavo Petro en torno a la transformación del sistema de salud, no se resolvieron con las acciones de la entidad.
“Cabe señalar que las deudas con los prestadores, de las EPS en medidas de vigilancia especial, corren el riesgo de no ser canceladas, pues lo que normalmente se observa es que las entidades que entran en estas medidas terminan en procesos de liquidación, existiendo posibilidad de pérdida de los recursos comprometidos en estas carteras, pues la masa liquidatoria resulta insuficiente para cubrir sus acreencias”, indicó el documento de la Contraloría.
Y en otro aparte del documento aseguró que, a pesar de las sanciones, sigue el incumplimiento de las EPS.
“A pesar de las sanciones que impone la Supersalud en relación con los incumplimientos frente al flujo de recursos de las EPS hacia los prestadores, las conductas que dan lugar a dichas sanciones son reiterativas, por lo que la acción sancionatoria no logra la corrección de los incumplimientos”, enfatizó el informe.