La Contraloría General de la República ha revelado los resultados de una auditoría financiera realizada a la Universidad Nacional de Colombia para el período 2022. Según el informe, se ha detectado un presunto detrimento patrimonial por un valor de $2.934 millones en relación con el contrato interadministrativo 96 de 2018. Dicho contrato comprometía a la universidad a realizar pruebas psicotécnicas, de conocimientos, competencias y aptitudes para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, en colaboración con el Consejo Superior de la Judicatura.
La prueba en cuestión tuvo lugar el 2 de diciembre de 2018, pero debido a errores técnicos atribuibles a la dirección del proyecto por parte de la Universidad Nacional, fue desestimada. Como resultado, la universidad tuvo que llevar a cabo una nueva prueba utilizando sus propios recursos, lo que ha generado, de acuerdo con la Contraloría, un detrimento al patrimonio público por $2.934.309.706.
Según los hallazgos de la auditoría financiera realizada por la Contraloría Delegada para el Sector de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, se han identificado un total de 6 hallazgos administrativos, de los cuales 2 podrían tener implicaciones disciplinarias, 1 podría requerir una solicitud de indagación preliminar y 1 tiene implicaciones fiscales.
Los detalles del desarrollo del convenio son los siguientes: el 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) decidió iniciar un proceso de selección para ocupar cargos de funcionarios de la Rama Judicial. Tras las inscripciones, se llevaron a cabo pruebas de aptitudes, conocimientos y psicotécnicas el 2 de diciembre de 2018.
El 28 de diciembre de 2018, la Unidad Administrativa de Carrera Judicial (UACJ) del CSJ publicó los resultados finales obtenidos por los aspirantes en las pruebas de aptitudes y conocimientos a través de la Resolución CJR18-559.
Posteriormente, la Universidad Nacional constató que “en el proceso de ensamblaje y diagramación final de los cuadernillos se modificó el orden de las preguntas de la prueba de aptitudes, sin que se hubieren actualizado las claves en el procedimiento de calificación, cuestión que produjo imprecisión en la evaluación de los examinados”.
En vista de esta situación, mediante la Resolución CJR19-0679, la Unidad Administrativa de Carrera Judicial (UACJ) decidió corregir la actuación administrativa, incluyendo la calificación de las pruebas de aptitudes y conocimientos.
Finalmente, el 24 de julio de 2022 se realizó una nueva aplicación de las pruebas escritas de aptitudes y competencias básicas, financiada con recursos propios de la Universidad Nacional. Hasta la fecha, los cargos en la Rama Judicial no han podido ser ocupados de manera definitiva.
Alerta sobre posible pérdida de recursos para una cárcel
Por otra parte, la Contraloría General emitió una alerta al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y al jefe de control interno de la misma entidad, debido a la posible pérdida de $ 291.497 millones destinados para la construcción y equipamiento del Establecimiento de Reclusión Sabanas de San Ángel, en el departamento del Magdalena. Este proyecto tiene como objetivo la implementación de 1.974 nuevos cupos para la población privada de libertad.
La suma mencionada corresponde a dos contratos: uno de obra por $ 275.401 millones y otro de interventoría por $ 16.096 millones.
Según la Contraloría Delegada para el Sector Justicia, el contrato de obra se suscribió sin contar previamente con los estudios y diseños necesarios de factibilidad de la acometida y expansión de la red externa eléctrica para el proyecto. Además, no se realizó un estudio previo que permitiera la estructuración de las comunicaciones, su funcionalidad y operación.
Inicialmente, se acordó la suspensión del contrato de obra por un período de 45 días debido a la ola invernal y a algunas preocupaciones de seguridad. Sin embargo, dicha suspensión se ha prolongado, indicó la entidad. El 20 de diciembre de 2022, la obra fue suspendida y hasta la fecha de presentación del informe de la Contraloría que ha generado esta alerta, no se ha logrado reiniciar la construcción.
De acuerdo con la Contraloría, la prolongada suspensión de la obra, que ha superado los 5 meses, “genera alta posibilidad de que se requiera la inversión de mayores recursos a los inicialmente presupuestados, para su terminación y puesta al servicio, por cuenta del deterioro de los materiales y equipos instalados y no instalados en la obra, así como de las obras ejecutadas hasta el momento”.
La Contraloría considera que existe una alta probabilidad de que la Uspec se enfrente a situaciones judiciales debido a las acciones que puedan iniciar el contratista y la interventoría, como resultado de la extensa suspensión del contrato y los daños ocasionados.
Ante las situaciones y riesgos descritos, el contralor delegado para el Sector Justicia, Andrés Castro Franco, alertó a la Oficina de Control Interno y, a través de ella, Uspec, con el fin de que se enfoquen en el ejercicio de sus funciones para garantizar la salvaguarda de los recursos públicos, evitar impactos negativos en la comunidad beneficiaria (en este caso, la población privada de la libertad) y reducir el alto riesgo de que las obras contempladas en el contrato de obra No. 304 de 2019 no sean llevadas a cabo, aumentando los costos previstos inicialmente o resultando en la pérdida de los recursos destinados.