Reacciones de todo tipo han generado las nuevas revelaciones de los contratos estatales que estaban a cargo de Natalia Springer. El de más de 1.300 millones de pesos que tenía como fin la asesoría de la politóloga en programas de vivienda de interés social ya dio lugar a una queja disciplinaria ante la Procuraduría. La interpuso el presidente del Red de Veedurías, Pablo Bustos. Para él, se debe investigar si la firma contratista que representaba, Springer von Schwarzenberg Consulting Services, realmente era apta para asesorar iniciativas relacionadas con esta área. En su criterio, por lo menos llama la atención que para consolidar mecanismos de acceso a vivienda de personas pobres se haya exigido que el coordinador del proyecto tuviera maestría o doctorado en derecho internacional humanitario o derechos humanos. Semana.com destapó el escándalo este jueves, cuando reveló que la condición de contratista estatal que tenía Natalia Springer iba más allá del asesoramiento a la reconstrucción del contexto en el que se ha venido librando el conflicto armado. Este portal indicó cómo la empresa de la excomentarista radial se había convertido también en asesora de los programas de vivienda de interés social que están a cargo del Ministerio de Vivienda, más precisamente de las viviendas gratis, proyecto bandera del gobierno Santos. La reacción no se hizo esperar. A partir de la publicación pocos y extraños se han pronunciado sobre el particular, incluso, exigiendo la intervención de los organismos de control. Así lo hizo la Red de Veedurías, que radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría.   Según el escrito radicado en la mañana de este viernes en el Ministerio Público, “las cláusulas que contiene el contrato tienen exigencias que muy pocos sabían que Springer y su firma estaban en capacidad de realizar”, dada la especialidad en derechos humanos, seguridad y criminalidad que ella misma ha resaltado como rastro distintivo de su trabajo y el de sus colaboradores. Para documentar lo sorpresivo de esa evaluación de aptitud de la firma contratista, el memorial hace referencia a algunas de las labores que le fueron asignadas a la contratista, en materias de alimentación, transporte, control ambiental, manejo de basuras y potencial urbanístico de los proyectos. Según Bustos, al igual que en los contratos que le concedieron en la Fiscalía, la exigencia para los proponentes era contar con una experiencia mínima de diez años. Sin embargo, recordó, la empresa de Springer se constituyó en el 2011. Tampoco dejó escapar el asunto referente al verdadero monto del contrato, por más de 1.300 millones de pesos. Dado que el valor que aparece en letras es distinto del que aparece en números y que la diferencia es de más de 60 millones, para él, se debe aclarar en dónde está el error. Los contratos de Springer con el Estado también habían sido noticia la semana anterior. Lo fueron tras el anuncio del fiscal general, Eduardo Montealegre, de designar a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia como la encargada de indagar probables irregularidades en el otorgamiento y la ejecución de los contratos otorgados por el ente acusador.