SEMANA: ¿Qué preocupación tiene la Contraloría frente a la inversión de los recursos por parte de la Alcaldía de Bogotá desde marzo de 2020, cuando inició la pandemia?
Andrés Castro Franco (A.C.): Le hemos hecho seguimiento a los 826 contratos que se han celebrado por urgencia manifiesta, que ascienden a un monto de 343 mil millones de pesos y a 33 contratos que se han celebrado bajo la figura de la calamidad pública, por aproximadamente 23 mil millones de pesos. En este ejercicio de control y verificación se han realizado 46 pronunciamientos por parte de la Contraloría de Bogotá, de los cuales nueve han sido remitidos al órgano disciplinario competente para revisar que no se haya incurrido en un abuso de la causal. Adicional, hemos encontrado que hay una concentración en unos muy pocos contratistas y muy pocos contratos que también nos han llamado la atención, y la idea es que en el proceso auditor podamos profundizar.
SEMANA: ¿A la Contraloría de Bogotá le preocupa que se pueda estar abusando de la figura de la urgencia manifiesta?
A.C.: La coyuntura que se está viviendo es de incertidumbre. Se ha hecho uso de esta figura y lo que nosotros hacemos es ver si hay algunas que no se han soportado en el marco legal. Queremos verificar los estudios que soportaron la justificación de proyección de estas inversiones. Eso es lo que queremos revisar.
SEMANA: ¿Qué casos se han detectado donde posiblemente la figura de la urgencia manifiesta no aplicaría?
A.C.: Tenemos que hacer una revisión de toda la contratación. Hay algunos que hemos logrado identificar bajo esta figura, y sobre los cuales queremos profundizar, relacionados con una contratación en el IDU.
SEMANA: ¿No cumplen las condiciones de urgencia manifiesta?
A.C.: Queremos citar un caso puntual. Hay un contrato que celebra el IDU, el cual tiene como objeto la ampliación de las estaciones de TransMilenio, por el tema de la emergencia en Bogotá. Esos son temas que han generado mucha inquietud y temas sobre los cuales vamos a profundizar para ver si se ajustan a las causales del uso de la figura o no.
SEMANA: En principio, una ampliación de unas estaciones de TransMilenio no tendría que ver con la urgencia manifiesta. ¿O sí?
A.C.: Esa es precisamente una de las inquietudes que hemos tenido.
SEMANA: ¿El contrato de las estaciones por qué monto fue?
A.C.: Es del IDU y asciende a 14 mil millones de pesos. Cuando se hizo la verificación de este contrato, se evidenció que se desprenden cuatro adicionales que están relacionados con temas de obra y otro de interventoría, por 6.000 millones de pesos.
SEMANA: ¿Qué llamado le hace a la alcaldesa Claudia López?
A.C.: En este momento estamos viviendo una situación de emergencia. Hemos visto que la administración distrital viene realizando inversiones para atenderla. Es una situación que entendemos que se ha ido desarrollando en medio de la incertidumbre. Tenemos que rodear institucionalmente todas estas decisiones que se vienen tomando. Vamos a revisar todos los estudios que han soportado la proyección de las inversiones y los gastos para atender la pandemia, en tres temas: disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, de los insumos y medicamentos, y mirar cómo ha sido el comportamiento del recurso humano que se ha contratado para atender la emergencia.
SEMANA: Ha habido críticas por una supuesta falta de planeación con el hospital transitorio que instaló la Alcaldía en Corferias. ¿Qué análisis hace la Contraloría?
A.C.: Frente a Corferias se usó la figura de la urgencia manifiesta. Es un tema que hemos venido evaluando, se ha realizado una indagación preliminar. En la auditoría haremos un balance de lo que fue el resultado de lo que se hizo en Corferias. Esa medida se tomó en un momento de incertidumbre y buscaba que la ciudad tuviera una mayor disponibilidad en infraestructura para atender a la población que requiriera UCI, y ya después de unos meses hemos visto cuál ha sido el resultado. Nosotros hemos venido haciéndole el seguimiento hasta su cierre. En eso venimos avanzando y el resultado final lo tendremos en la auditoría.