Psicóloga y politóloga de la Universidad de los Andes, máster en Derechos Humanos de la Universidad de Padua (Italia), doctora en filosofía de la Universidad de Viena. Son los títulos que acredita Natalia Springer. Los mismos que le han valido para ser, por ejemplo, decana de la facultad de Relaciones Internacionales y Ciencias Jurídicas y políticas de la Universidad Tadeo Lozano, columnista del diario El Tiempo o comentarista de La FM de RCN radio. Que es una estudiosa de la justicia transicional es un hecho incontrovertible. Durante años ha escrito sobre la materia y tiene títulos que lo sustentan. Pero su reputación fue puesta en controversia desde hace varios meses, precisamente, cuando se destapó el escándalo sobre el presunto derroche en el manejo del presupuesto de la Fiscalía. Springer fue blanco de críticas por los tres millonarios contratos en los que se comprometía a adelantar una investigación sobre los crímenes internacionales perpetrados en el conflicto, otro sobre las FARC y el ELN, y el más ‘jugoso’, sobre las bandas criminales. Los adelantó, precisamente, mientras opinaba en los medios de comunicación de los temas que investigaba, el proceso de paz por ejemplo. Una conducta que fue calificada en su momento como falta de ética.   El escándalo no solo se concentró en los $4.275 millones de pesos que sumó Springer con estos contratos, sino que la en la Unidad de Análisis y Contextos de la propia Fiscalía descalificaron uno de ellos. Este incidente ha dejado al descubierto otra situación. La eficacia de Natalia como contratista. Desde hace unos años creó con su esposo una firma de consultoría, Springer Von Schwarzenberg Consulting Services, la cual dirige y donde laboran varios miembros de su familia, y a la que le ha ido muy bien contratando con el Estado. La firma se creó en 2011 y desde entonces no ha parado de facturar. Solo en siete contratos, firmados entre 2011 y 2015, Natalia Springer ha sumado a sus arcas la nada despreciable cifra de 7.200 millones de pesos. Y lo particular del caso es que no solo se han concentrado en investigaciones sobre el conflicto o la justicia transicional, sus especialidades. También ha sido contratada para labores tan disímiles, en el Ministerio de Vivienda y en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El primer contrato que firmó durante el gobierno Santos, fue por $ 38.280.000 con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Colombia Humanitaria, se trató de una “consultoría para la efectiva ejecución de las dimensiones humanitarias en las fases de atención humanitaria y rehabilitación”. Con esa misma entidad suscribió otro por $92.892.800 para adelantar un estudio “de las acciones desarrolladas por Colombia Humanitaria para la atención del fenómeno de la Niña 2010-2011”. En el 2012 suscribió un contrato por apenas $70.000.000 para desarrollar un informe sobre reclutamiento infantil. En 2013 firmó su primer contrato con la Fiscalía. $895.000.000 para la investigación sobre crímenes excepcionales e internacionales cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia. En el 2014 firmó el correspondiente a la investigación sobre las FARC, por la suma de 295.000.000. Y este año el de $3.085.600.000 para adelantar una investigación sobre las Bacrim. Pero, de forma simultánea, la firma se dedicó a temas de vivienda social. En 2013, como lo reveló Semana.com, firmó el contrato con el Ministerio de Vivienda, a través de una fiduciaria, para una consultoría para el diseño de una estrategia que viabilice la inclusión de oferta social para el desarrollo del capital humano social, en los proyectos de viviendas gratis del gobierno. En este año también firmó un millonario contrato por $1.400.000.000  para la “formación de cogestores de una cultura de paz” con la Alcaldía de Valledupar (Cesar). No muchos pueden darse el lujo de crear una empresa y volverla muy productiva en tan poco tiempo. Natalia Springer, a quien se le conocía como columnista y comentarista, ahora se descubre que es una gran contratista del Estado. En tan solo cuatro años ha facturado 7.200 millones de pesos.