Un procedimiento de rutina se convirtió en un peligroso hallazgo para la Policía Metropolitana de Bogotá. En la avenida Caracas con calle primera, al sur de la ciudad, los uniformados de la localidad de Antonio Nariño identificaron un vehículo y en su interior a tres hombres que claramente despertaron sospecha.

Los ocupantes, ciudadanos venezolanos, se alertaron con la presencia de la Policía, pero permitieron el procedimiento con la esperanza de evitar lo que más tarde descubrieron los uniformados. Dos armas de fuego escondidas en el carro, todas con munición y proveedores de sobra, listos para un enfrentamiento o un plan criminal.

“La Fiscalía logró la judicialización de tres ciudadanos extranjeros, quienes, al parecer, iban en un vehículo en el cual llevaban dos armas de fuego con sus respectivos proveedores. Los hechos ocurrieron el 9 de febrero en la Av. Caracas con Calle 1 sur, en la localidad de Antonio Nariño, cuando la Policía Nacional se encontraba realizando labores de verificación y patrullaje”, dijo la Fiscalía luego de presentar a los tres capturados ante un juez.

El armamento de los tres hombres tenía un aspecto particular, una de las armas era traumática, es decir no disparaba cartuchos con ojiva, sin embargo los hombres capturados lograron modificarla para convertirla en un arma de fuego tradicional y calibre 9 milímetros para generar más daño.

“Los uniformados detuvieron un vehículo donde se transportaban tres pasajeros. Al realizar el registro al interior del automotor se encontró una pistola 9 x 19 mm y un arma traumática, modificada a arma de fuego 9 x 19 mm con proveedor, ambas con proveedor para la misma”, explicó el fiscal de caso durante la imputación de cargos.

Los tres capturados no tenían antecedentes, aunque claramente la Policía sabe que movilizarse en un vehículo, con armas de fuego o mejor, modificar un arma traumática para convertirla en una más letal, los hace sospechosos de cualquier conducta criminal que se pueda imaginar con ese tipo de armas.

“En audiencias preliminares se legalizaron las capturas. Un fiscal de la URI de Puente Aranda les formuló imputación por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”, señaló la Fiscalía tras confirmar que los tres venezolanos fueron judicializados.

A pesar de ser capturados en flagrancia, con el material probatorio, en otras palabras, con las manos en la masa, los tres procesados no aceptaron su responsabilidad en el delito que imputó la Fiscalía y al contrario rechazaron los señalamientos del ente acusador, advirtiendo que no sabían por qué estaban esas armas en el carro donde se movilizaban.

El juez de control de garantías de la unidad de reacción inmediata entendió los argumentos de la Fiscalía y aceptó la solicitud de los investigadores de cobijar con una medida de aseguramiento a los tres capturados por el delito señalado.