En teoría, la convocatoria que hizo el presidente Juan Manuel Santos para permitir postulaciones de candidatos a la Fiscalía es un paso hacia la transparencia. Permite que se presenten los aspirantes que se consideren idóneos, democratiza el proceso porque lo amplía y recoge recomendaciones de ONG que velan por una mejor calidad de la administración de justicia. La decisión tiene buena presentación.Lo curioso es que ha recibido críticas. En los programas de opinión y en otros medios se planteó que la convocatoria puede ser, en realidad, una máscara para legitimar la inclusión en la terna de nombres muy cercanos al corazón del primer mandatario. La Constitución establece que el jefe del Estado tiene la facultad de elaborar ese grupo de tres –para que de allí la Corte elija a uno-, pero en un momento de desprestigio de la justicia, y de cuestionamientos al fiscal saliente, Eduardo Montealegre, se estima que Santos se la debería jugar por un gran jurista, de trayectoria independiente y de pergaminos incuestionables, antes que por un amigo cercano.Pero es poco probable que el presidente Santos renuncie a la prerrogativa de buscar montar en el búnker a alguien cercano. Algún abogado, sobre todo, que sea favorable al proceso de paz. Que acepte sin regañadientes la figura de una justicia transicional para tratar los casos de personas vinculadas al conflicto armado –sobre todo a la guerrilla- y que no tenga una vocación de justiciero implacable que no reconozca la necesidad de cambiar los parámetros sobre la justicia penal en aras de permitir el fin de la guerra.El presidente, en consecuencia, busca una mejor carta de presentación para hacer algo que le permite la Constitución pero que puede ser mal visto en el momento. El problema es que la fórmula de la convocatoria pública para que se postulen candidatos a la Fiscalía también tiene sus límites. No es totalmente creíble. Sobre todo después del antecedente que ya tuvo en el caso del nombramiento de Alejandro Linares como magistrado de la Corte Constitucional.En esa oportunidad la Presidencia realizó el concurso, revisó las hojas de vida y construyó una terna con buenos nombres –Linares, Catalina Botero y Magdalena Correa-, pero al final salió ungido quien desde tiempo atrás se consideraba el gran favorito del presidente: Linares, un abogado de buena reputación, pero de escasa trayectoria en el campo constitucional.Este precedente le quita fuerza a la convocatoria. Más aun cuando desde hace meses se habla en todas partes sobre la intención que tiene el presidente Santos de incluir en esa terna a personas cercanas como el actual ministro de justicia, Yesid Reyes, el ex superministro de la presidencia, Néstor Humberto Martínez, y la directora jurídica del Alto Comisionado para la Paz, Mónica Cifuentes. ¿Busca Santos, con la convocatoria pública a la que no está obligada, darle buena presentación a la elección de un Fiscal de bolsillo o, por lo menos, cercano?Hay quienes defienden la jugada del primer mandatario. El argumento es que el proceso permitirá no solamente postulaciones, sino un escrutinio a fondo de las hojas de vida que se presenten. Será casi inevitable la inclusión de algún nombre inesperado, de trayectoria académica y penalista reconocido, así sea como relleno. Pero la historia tiene casos en que el candidato de relleno sale elegido, porque se convierte en un mensaje de la Corte Suprema en el sentido de que no es manipulable. Y la nueva Corte tiene siete magistrados recién nombrados –gracias a cuya llegada se despejó el camino para la elección del Fiscal- cuyo comportamiento es impredecible.En todo caso, con la convocatoria Santos ha ganado, por lo menos, tiempo. El ministro del Interior declaró que la terna será presentada en un mes, que coincide con la Semana Santa. Días aptos no sólo para la reflexión, y para el trámite de la convocatoria, sino para una transición más tranquila en la Fiscalía. Porque hasta hace apenas una semana, la expectativa en el alto gobierno, y también en el búnker –incluidos el fiscal Montealegre y su segundo a bordo, Jorge Perdomo- era la de una larga interinidad en cabeza del actual vicefiscal, que permitiría no cambiar el rumbo.En todo caso, sólo en el momento en que el presidente Santos haga públicos los tres nombres, y la Corte Suprema escoja a quien algunos consideran el segundo cargo más poderoso del Estado, se sabrá cuáles eran las intenciones reales del primer mandatario al montar una convocatoria pública que no está obligada por la ley.