Los colombianos se han indignado con razón ante las denuncias por hechos de corrupción cometidos con los recursos públicos destinados a atender la pandemia. El fiscal Francisco Barbosa, el procurador Fernando Carrillo y el contralor Carlos Felipe Córdoba han hecho equipo para castigar a los responsables. Una revisión en algunas regiones del país pone en evidencia compras escandalosas.

Por ejemplo, el Instituto del Deporte, la Educación Física y Recreación del Valle del Cauca (Indervalle) suscribió un convenio a 30 días por 70 millones de pesos con el fin de organizar un torneo de videojuegos “para la contención de la pandemia covid-19” en esa región del país. En la plataforma del Secop aparece que se trata de una competencia de e-sports en juegos como League ofLegends, Clash Royale, Free Fire, Fortnite y Super Smash Bros, para computadores y dispositivos móviles. Indervalle suscribió el contrato con el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, de Cali. La Agencia Nacional de Contratación-Colombia Compra Eficiente halló que este acuerdo, suscrito el 25 de marzo, no tiene relación alguna con el coronavirus, tal como lo presentan. Y ni mucho menos es claro cómo un videojuego puede ayudar a contrarrestar la propagación en el Valle del Cauca, una región con más de 8.600 casos detectados. Este convenio forma parte de los hallazgos enviados por Colombia Compra Eficiente a los organismos de control para que investiguen las presuntas irregularidades cometidas. En otras compras habría sobrecostos. Indagan, por ejemplo, cómo adquirió la Alcaldía de Mapiripán (Meta) tapabocas N95 a 32.000 pesos por unidad, cuando los precios oscilan entre los 9.000 y 12.000 pesos. Por su parte, en la Alcaldía de Sahagún (Córdoba) investigan sobrecostos en el suministro de mercados.

El director general de Colombia Compra Eficiente, José Andrés O’meara, informó que en diciembre pasado creó un observatorio de contratación para monitorear al detalle este tipo de compras en línea.

El director general de Colombia Compra Eficiente, José Andrés O‘meara. De los 218.000 contratos firmados hasta ahora durante la pandemia, los expertos revisaron 3.500 en los últimos meses y encontraron anomalías en el 10 por ciento de ellos y que comprometen recursos por 155.000 millones de pesos. Los recursos en riesgo ascienden a 155.000 millones de pesos. “Las herramientas tecnológicas, los algoritmos y la analítica de datos que hemos construido nos han permitido evidenciar presuntas irregularidades y promover la transparencia en la contratación estatal. Optimizar recursos en época de pandemia resulta fundamental para garantizar los fines esenciales del Estado”, le dijo O’meara a SEMANA. En algunas regiones los funcionarios ignoran, o deciden ignorar, los precios de referencia de Colombia Compra Eficiente para hacer las adquisiciones. Esa tabla sirve de guía a la Contraloría General para garantizar la transparencia.

También suelen contratar mercados y alimentos con todo tipo de fundaciones que inflan los precios injustificadamente. Esto pese a que Colombia Compra Eficiente habilitó una opción con grandes superficies y supermercados para que los ciudadanos reclamen personalmente las ayudas con solo dar el número de la cédula. De esta manera, las alcaldías y gobernaciones pueden ahorrar costos en materia de almacenamiento, embalaje y transporte. Así mismo, en los estudios han detectado compras de bienes que no tienen relación con la pandemia, realizadas además en forma directa, cuando debería haber una licitación pública de por medio. En lo corrido de 2020, en la tienda virtual del Estado se ha vendido más de un billón de pesos, y la mayoría (59,5 por ciento) de los proveedores son pequeñas y medianas empresas. Gracias a la plataforma se ha evitado el despilfarro de 350.000 millones de pesos. El año pasado, en esa plataforma transaron compras por 2,6 billones de pesos. No puede ocurrir que, en medio de la crisis más profunda de los últimos años, los corruptos intenten hacer piñata con los impuestos de los colombianos.