Colombia vive desde hace años una de las crisis migratorias más grandes del mundo. Con una frontera con Venezuela de 2.200 kilómetros repleta de trochas –que los ciudadanos que huyen del régimen de Maduro recorren cada día–, no parece probable que el éxodo se detenga por el temor al coronavirus. De hecho, la pandemia puede parecer poca cosa frente a otros terrores como el hambre, la persecución y los grupos armados. Pero Colombia no solo tiene problemas en los límites con Venezuela. Por el paso que une al país con Ecuador, en Nariño, cada día entran cientos de migrantes africanos, haitianos, asiáticos y cubanos en busca del sueño americano; es un hervidero de conflicto y, en este caso, también de contagio del virus.

Ahora las fronteras plantean un reto para las autoridades, que tratan de que Colombia no sea la réplica de Italia o España, hoy vulnerables por la falta de prevención y, así mismo, por la fragilidad de los límites y la facilidad para viajar dentro de la Unión Europea. Así cuidan las fronteras: Norte de Santander El puente internacional Simón Bolívar está inusualmente vacío. Por la frontera cerrada, solo pueden pasar venezolanos hacia su país, pero no para entrar a Colombia. El 14 de marzo, tras el intempestivo anuncio del presidente Iván Duque, la situación se tornó caótica. Los venezolanos querían devolverse; muchos de ellos conforman la migración pendular, que va y viene constantemente. Así que Cúcuta habilitó un corredor humanitario que les permitió pasar en pequeños grupos. Según el secretario (e) de Seguridad de la ciudad, John Anzola, el flujo de migrantes ha bajado un 80 por ciento. Actualmente, solo pueden pasar quienes demuestren motivos de fuerza mayor por medio de documentos.

Por el puesto fronterizo de Rumichaca, en Nariño, pasan cada día cientos de ciudadanos africanos, haitianos, asiáticos y cubanos que buscan llegar a Estados Unidos. El cierre de los cuatro puentes entre los dos países no les ha dejado a los migrantes otra alternativa que aventurarse en las trochas, los pasos ilegales que en Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario suman 139. Del lado venezolano algunos se juegan la vida para pasar e intentar conseguir medicamentos; otros, bienes esenciales. Esto alarga el trayecto, los pone en riesgo y les cuesta mucho dinero. En el camino tienen que pagar pequeños retenes, que pueden sumar 30.000 pesos colombianos, una fortuna para los venezolanos. En esta porosa frontera, grupos ilegales como los Rastrojos, los Pelusos, el ELN o el Tren de Aragua –una banda venezolana especialmente sanguinaria– controlan el paso del narcotráfico y el de migrantes.

El punto más crítico se llama La Pared, ubicado a 2 kilómetros por la vía que conduce a La Parada, un estratégico barrio de Villa del Rosario. Allí, del lado venezolano construyeron una escalera artesanal que les permite pasar, aunque la Policía asegura tener esta zona controlada. Sin embargo, hacerlo con todas las trochas es casi imposible en una frontera tan larga. Actualmente, la Policía trabaja con toda su capacidad en alistamiento de primer grado, haciendo presencia con más de 400 uniformados, entre Carabineros, Esmad, inteligencia y cuadrantes. Normalmente solo están la Policía Fiscal y Aduanera, y la fuerza disponible. El Ejército también hace presencia con su capacidad desplegada y sus drones. Cuando las autoridades encuentran personas en las trochas las conducen a los pasos regulares y allí Migración Colombia realiza el proceso para que regresen a Venezuela, donde Nicolás Maduro decretó cuarentena en todo el territorio. “No nos vamos a morir todos”: viróloga colombiana

La Guajira Paraguachón siempre ha sido una zona incontrolable, y ni qué decir de los 249 kilómetros de frontera terrestre del departamento de La Guajira con territorio venezolano. Se estima que existen unas 250 trochas ilegales usadas por personas y mercancías. Estas recorren una gran parte de lo que se conoce como la gran nación wayú, donde hoy –valga la aclaración– no hay contagios del coronavirus. Después del cierre de fronteras, un buen número de venezolanos regresó a su país. En los últimos tiempos, esa línea de tránsito histórico se ha convertido en la ruta por la que, una o dos veces a la semana, ciudadanos del país vecino entran a Colombia para comprar productos básicos. Una situación difícil de controlar en una zona en la que la gran mayoría de las personas dependen de la economía informal.

Tres días después del cierre, un grupo saqueó un camión cargado con alimentos cerca del puesto de control de Paraguachón. Muchos creen que no será el único caso, porque el bloqueo del tránsito ha terminado de encarecer los productos. El propio gobernador de La Guajira, Nemesio Roys, reconoció que se trata de una frontera difícil, por eso están tratando de tener más control. Para lograrlo le pidió al Gobierno nacional aumentar el pie de fuerza militar a ocho pelotones y activar un nuevo procedimiento que permita más intervención del Esmad. Con estos refuerzos busca restringir el paso por las trochas. La situación se complica aún más porque buena parte de los municipios guajiros y de las comunidades indígenas no tienen acceso a agua potable, lo que los obliga a desplazarse. Tratando de mitigar este problema por la emergencia del coronavirus, Roys declaró la calamidad pública. La medida también garantizará recursos para implementar más programas de control en la línea fronteriza. El calvario de hacer mercado en tiempos de coronavirus

Nariño Por el puente de Rumichaca, ese paso fronterizo de Colombia con Ecuador en Ipiales, Nariño, suelen transitar venezolanos, africanos, haitianos, asiáticos y cubanos que buscan un futuro mejor. Por momentos, parece una puesta para una serie de televisión. Hay barricadas, empujones, pedidos de auxilio, autoridad bien armada en ambos lados y represamiento de viajeros. Justo ahora lleva más de una semana cerrada.   Algunos quieren entrar y otros, salir; pero ante el inminente riesgo que supone el coronavirus, la movilidad es imposible. Antes del anuncio del cierre era fluida; incluso, cuando el precio del dólar en Colombia se disparó, miles de ecuatorianos pasaron la frontera para adquirir productos en suelo colombiano. Los controles sanitarios colapsaron por dos días y no hubo manera de monitorear la salud de quienes entraban. 

Después del cierre, dice la Secretaría de Gobierno de Nariño, el problema se trasladó a los pasos irregulares de los 586 kilómetros de frontera entre ambos países. “El tránsito de migrantes venezolanos nos tiene en alerta”, explica Francisco Cerón, jefe de esa cartera. Muy cerca del corregimiento Yarumal, zona rural de Ipiales, los migrantes pasan descaradamente, a pesar de los controles de la Policía y del Ejército. Allí, no hay monitoreos de salud para prevenir la entrada de personas contagiadas. Nairobi Sábala, enfermera venezolana en tránsito entre Ecuador y Colombia, que viaja desde Lima, Perú, denunció que los controles sanitarios son insuficientes: “El señor de inmigración me dijo: pasa, pero te pongo en cuarentena. El lugar es pequeño y hay muchas personas metidas ahí, eso aumenta el riesgo de contagio”.

Dice que hoy es más rentable pasar por las trochas, donde les pagan a improvisados guías y en pocas horas atraviesan de un lado a otro. “A esto nos está obligando el Gobierno colombiano: a transitar por sectores irregulares, sin control, porque nosotros solo queremos llegar a nuestro país”.  Luis Fernando Villota, alcalde de Ipiales, ordenó el toque de queda entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana todos los días, pero la medida no parece suficiente. La Gobernación de Nariño instaló un centro de operaciones en el paso fronterizo, aunque tampoco logra detener el tránsito por trochas y vía marítima entre Tumaco y San Lorenzo (Ecuador). Las autoridades no tienen cifras precisas –ni aproximadas– de viajeros que ingresan diariamente al país por esos pasos fronterizos.