Muchos se preguntan si el penalti que le pateó el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, al Gobierno nacional –pidiendo políticas de salvamento para que los equipos del país puedan sobrellevar las dificultades económicas generadas por la pandemia del coronavirus– terminó en un autogol o si activó un respirador artificial que le permitirá sobrevivir a este difícil momento. Y es que si se piensa detenidamente, cuando el país empiece la ruta de la normalización, es muy probable que no se permita la reunión de una multitud. Los grandes espectáculos tendrán que esperar.

Este llamado de auxilio le abrió la puerta a una vieja discusión sobre las finanzas del fútbol en el país y provocó múltiples reacciones en la propia dirigencia, la prensa deportiva y un buen sector de la hinchada. Bastó que Vélez hiciera pública la petición para que el país futbolero recordara una famosa frase pronunciada hace apenas unos meses: “Si el Gobierno quiere fútbol en televisión abierta, le mandamos la factura”, dijo a pulmón lleno en diciembre del año pasado. Algunos representantes plantearon, durante la discusión de la reforma tributaria, que se declarara al fútbol profesional colombiano como de “interés nacional”, lo que implicaba que algunos partidos deberían transmitirse por televisión abierta.

En el documento enviado al Gobierno nacional, los dirigentes del fútbol profesional plantearon cinco puntos principales para sobrellevar la situación generada desde que se ordenó la suspensión de los partidos, el 13 de marzo. En resumen, el mensaje señala pérdidas por 80.000 millones de pesos, esto sin contar el comercio y el empleo informal alrededor del deporte.Ahora, la carta firmada por Vélez hace una claridad y dice que no se están pidiendo recursos públicos para solventar las dificultades económicas que atraviesa este sector debido al receso obligatorio e indefinido de los campeonatos. Más bien, se trata de la solicitud de un crédito ya establecido por el Gobierno para algunas entidades con un banco de segundo piso, y temas relacionados directamente con aspectos financieros, laborales y de políticas públicas. Es decir que los dejen subir al bus de las ayudas planteadas para diferentes industrias afectadas por el parón de la economía.

A muchos les pareció atrevido que ahora el presidente de la Dimayor pretenda exigirle al Gobierno plata o ayudas, cuando en ocasiones anteriores ha proclamado su independencia. A algunas voces autorizadas del periodismo deportivo no les faltó el aire para desaprobar a Vélez. Alejandro Pino Calad, uno de los más duros críticos de la Dimayor, dijo que no solo se trataba de una ironía la petición, sino que, además, cuestionó el liderazgo por sus “malas decisiones”. El veterano Iván Mejía fue más allá y planteó que esta crisis era una perfecta oportunidad para hacer una reingeniería y modernizar “la vetusta estructura”.En medio de la polémica, Vélez dio la cara. Dijo que quienes lo critican por esas palabras de diciembre tienen todos los argumentos y que puestas en el contexto de hoy pueden sonar ilógicas, pero que las situaciones son distintas. Incluso, volvió a defender la decisión de haber sacado el canal prémium.

En diálogo con SEMANA, el representante de la Dimayor dijo que su mensaje al presidente Iván Duque no se limitaba a un salvavidas para los equipos y los jugadores. También estaba pensado para ayudar a las economías que giran alrededor de este deporte: “Estamos hablando de unas 50.000 familias. Desde los vendedores de los estadios, los periodistas deportivos, árbitros, escuelas, pasando por el sector de transporte, hasta el sector hotelero. Es mucha gente la que vive del fútbol”.Para colmo de males, la olla a presión explotó en algunos clubes. Jaguares de Córdoba fue el primero. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció que el club de Montería le había cancelado el contrato a sus jugadores, argumentando que “se trata de una situación imprevisible e irresistible y dada la ausencia de ingresos que permitan solventar económicamente las obligaciones”.Luego, el equipo explicó que la medida no los incluía a todos, sino solo a los 13 de mayor sueldo, porque no se pudo llegar a una conciliación en una disminución de los salarios: “La decisión fue tomada bajo los términos de ley”.

Después, Santa Fe realizó una encuesta en sus redes sociales preguntándoles a los hinchas si estaban de acuerdo con una reducción de los salarios de los jugadores. Y Millonarios les envió un documento en el que autorizan el pago parcial de las obligaciones y plantea que las diferencias se abonarán después si las posibilidades lo permiten. Otros equipos como el Deportivo Independiente Medellín y el Deportivo Cali anunciaron que establecieron acuerdos con sus empleados para precisar las rebajas de salarios con el compromiso de retribuirlos por cuotas cuando se restablezca el campeonato.Para Acolfutpro, en esos tres casos se evidencia una coacción ilegal y una exposición peligrosa frente a la hinchada. Por eso, el presidente de la agremiación, Carlos González Puche, entró a terciar en la discusión y planteó un interrogante: “¿Por qué, teniendo el músculo financiero, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no resguarda a los clubes en esta emergencia y los respalda en las solicitudes de créditos para garantizar la liquidez?”.Según el representante de Acolfutpro, es cierto que las arcas de los equipos, sobre todo aquellos que no compiten internacionalmente, están golpeadas porque se quedaron esperando unos 60 millones de dólares que no llegaron por derechos de televisión. “No podemos negar que hay una situación coyuntural. Pero los jugadores no pueden ser los responsables por los malos negocios de los directivos. En el fútbol colombiano hay mucho dinero, pero está mal repartido, se queda en un solo bolsillo. Los clubes tienen problemas, pero los dirigentes viven como millonarios”.Como argumento, González Puche señaló que hace unos días la misma FCF repartió entre los clubes 17.000 millones de pesos de sus ganancias, 370 millones para cada uno de los equipos tipo A y 146 millones para los de tipo B. Además, dijo que la organización tiene alrededor de 12 grandes patrocinadores que le significan miles de millones en ingresos. “Solo el contrato de televisión por los partidos de la Selección Colombia está en el orden de los 10 millones de dólares anuales. Con eso tienen para solventar el pago de la nómina de los equipos que están en problemas”.

Al ser interrogado sobre la comunicación de la Dimayor, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, dijo que en las condiciones actuales no se le podía dar prioridad al fútbol porque hay muchos problemas sociales por solucionar, y que este, como un negocio privado, podría aplicar a las alternativas que el Gobierno ofrece.

En la Dimayor quedaron contentos con la respuesta del Gobierno nacional. Vélez le contó a SEMANA que el presidente Iván Duque le respondió y abrió, a través de los ministerios de Hacienda y del Deporte, una línea directa con Bancóldex y Findeter para que establezcan las líneas de crédito que podrían servir en este caso. El gol parece cantado, lo que no está claro es si esa gran masa que llaman el país futbolero habrá quedado tan contenta como para celebrarlo.Por la realización de la Copa América, la liga profesional tenía que parar buena parte de mayo y junio; con la pandemia se adelantó el receso. La incertidumbre, como en los demás sectores de la industria y la economía nacional, es que no hay fechas fijas para que el balón vuelva a rodar y no se sabe cuánto tiempo aguantará el oxígeno presidencial.