En Nariño, grupos armados desterraron a niño con coronavirus. En Cauca, este lunes se reportó un nuevo ataque de las disidentes contra el Ejército. Al mismo tiempo que esto ocurría en el nororiente del departamento, en El Tambo se llevaba a cabo un operativo de la fuerza pública y la Defensoría del Pueblo para rescatar un grupo de líderes sociales y sus familias que llevaban varios días en la cordillera escondidos. Mientras tanto, en Argelia, hombres armados buscan casa por casa defensores de derechos humanos y excombatientes para matarlos.
Desde que el país entró en cuarentena nacional para tratar de contener la propagación del coronavirus, los grupos armados han aprovechado el repliegue para hacer de las suyas. Aunque las denuncias reportadas todos los días en medios de comunicación empezaron a prender las alertas, este martes se conoció un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz que da cuenta de lo que viene pasando y que se ha eclipsado por la pandemia. Los hallazgos que hizo esa dependencia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición en medio del confinamiento obligatorio, están enmarcados en cuatro vías: 1) Hay una disminución de las acciones bélicas del ELN, pero el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc aumentaron los enfrentamientos armados. 2) Cada 64 horas asesinan a un líder social. 3) Crecieron significativamente las amenazas a la población y los métodos ilegales de control social y 4) La cuarentena ha sido aprovechada para asesinar a desmovilizados.
"De acuerdo con los informes publicados por la Policía Nacional, la gran mayoría de indicadores de seguridad en todo el país han mejorado. Sin embargo, en ciertos territorios de interés para la JEP, se han prolongado, y a la vez se han creado nuevas situaciones riesgo (...) Por ejemplo, en el piedemonte de la cordillera Occidental y el norte del Cauca y, en el Catatumbo, la guerra no ha cesado debido a los persistentes enfrentamientos armados entre las disidencias de las Farc y el Ejército", detalla el documento. Si bien es cierto que las denuncias que más eco han tenido estas semanas provienen del suroccidente del país, lo cierto es que son propias de los territorios más afectados por el conflicto. Es decir, la violencia no le cedió terreno a la pandemia sino que por el contrario trata de aprovechar la coyuntura nacional para ganar más.
El Bagre, Segovia y Vigía del Fuerte en Antioquia; Argelia, El Tambo y Morales en Cauca; Bojayá y Riosucio en Chocó y; Ábrego y San Calixto en Norte de Santander, son las zonas donde este órgano de la JEP solicita enfocar los esfuerzos para evitar que la violencia escale más. Por ahora, en Bojayá, las disputas bélicas por el territorio son pan de cada día. Por lo menos, 400 indígenas se han desplazado de ese territorio en lo que va del mes, de acuerdo con un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) en Colombia. En Guaviare, existe un alto riesgo de cooptación criminal de las Juntas de Acción Comunal, por parte de las disidencias. Y en Nariño, a través de panfletos, los grupos armados organizados buscan controlar a sangre y fuego las libertades individuales y el espacio público.
Mantener la promesa de no repetición con la que se comprometió el país una vez se puso en marcha la JEP, no será nada fácil. A pesar de que el caso 002 que abrió ese tribunal reconoció como víctimas del conflicto armado a los integrantes de las comunidades indígenas awá, continúan siendo asesinados por grupos armados ilegales durante la cuarentena. "Asimismo, cada 120 horas asesinaron a un desmovilizado. La situación es más crítica en Cauca, Nariño, Putumayo y Antioquia, donde la JEP desarrolla actualmente gran parte de sus macro casos priorizados", agrega el informe.
Ante los reiterados pedidos de auxilio de la comunidad de Argelia, la Unidad de Investigación y Acusación informó que al parecer los hechos violentos que se están fraguando en esta zona tienen que ver con que la disidencia del Frente Carlos Patiño, al mando de alias Ricardo, se está organizando para penetrar al cañón de Micay. Por eso advierte que las autoridades deben tomar medidas inmediatas debido a que esto podría intensificar los enfrentamientos armados entre grupos ilegales y, con ello, agudizar la crisis humanitaria. Allí en el norte de Cauca se forma un triángulo estratégico que une al centro del país con el mar Pacífico, y que gracias a su accidentada topografía, grandes ríos y cercanía a centros poblados, se convirtió en un corredor por donde transita la ilegalidad. Y, a cinco horas de Popayán está Argelia, un municipio carente de vías pavimentadas, donde la presencia estatal es insuficiente y es puerta de entrada al piedemonte pacífico. Es un envidiable corredor por donde se mueven las mafias para llegar a López de Micay, Timbiquí o Guapi, en la costa pacífica por donde termina de salir la coca.
"El mecanismo de monitoreo de la Unidad de Investigación y Acusación, a partir de la estimación de riesgos, visualizó que en diez municipios, la situación de seguridad se puede deteriorar gravemente durante la cuarentena, si se tiene en cuenta el historial de enfrentamientos armados y atentados terroristas, la convergencia de una pluralidad de organizaciones criminales en un mismo territorio, la presencia de economías ilícitas, la precaria infraestructura vial del Estado y las condiciones de alta informalidad, lo laboral y el desempleo (que se pueden aumentar como ocasión del coronavirus)", concluye el informe.