El juez cuarto penal del Circuito Especializado de Villavicencio ordenó a la Alcaldía de esa ciudad, a la Gobernación del Meta y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), trasladar a 57 personas que están privadas de la libertad en la cárcel de esa capital, padecen enfermedades crónicas, y están en alto riesgo de contagio de coronavirus, teniendo en cuenta la elevada cifra de casos en esa prisión. La decisión del juez se dio luego de fallar una acción de tutela instaurada por la Procuraduría General de la Nación, la cual tiene como objetivo que se garanticen los derechos fundamentales a la vida, salud y dignidad humana de ese grupo de personas que presentan enfermedades como hipertensión, diabetes, cáncer, insuficiencia renal, asma y tuberculosis, que generan un alto riesgo para sus vidas en caso de resultar contagiadas por el virus.
De igual modo, se ordenó que otros 13 reclusos positivos para la covid-19 sean reubicados de manera inmediata una vez se conozca el resultado de la segunda prueba, en un lugar concertado y articulado con los entes territoriales y de salud, que garantice el aislamiento a que haya lugar.
El juez también también requirió al Inpec, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 Fiduprevisora, que en 48 horas garanticen, de lunes a domingo durante las 24 horas del día, la presencia de personal médico y de enfermería y suministro de insumos, equipos y medicamentos necesarios para la atención médica, así como todo lo que sea necesario para la toma de muestras a los reclusos y personal que trabaja en ese centro carcelario. Así mismo, el togado ordenó que de manera periódica se le entregue a los presos y al personal que labora en la cárcel de Villavicencio, elementos suficientes de bioseguridad como tapabocas, guantes, jabón, alcohol o equivalentes que permitan minimizar el riesgo de contagio.
Por último, el funcionario recalcó que esas medidas tienen como objetivo asegurar una ininterrumpida, constante y permanente prestación del servicio médico, y así fortalecer la asistencia sanitaria en el penal.