En medio de las auditorías documentales y visitas a los canales de atención ofertados -portales web y líneas telefónicas- por las EPS de los regímenes subsidiado, contributivo y especial; secretarías de salud; administradoras de riesgos laborales y, entidades de medicina prepagada habilitadas y operando a lo largo del país, la Superintendencia Nacional de Salud halló algunas fallas. De acuerdo con la entidad, a la fecha, cerca de 100 portales web han sido objeto de auditoría, en los que han encontrado dificultades como la falta de canales de acceso para personas con discapacidad y, particularmente, en el régimen especial, poca información publicada para sus afiliados.
“El 10% de las líneas de atención siguen presentando dificultades en el acceso y no son atendidas oportunamente. Algunas solo responden entre las 11 y 12 del día, y ninguna contestó al 100% de los intentos realizados por el equipo auditor”, indicó la delegada para la Protección al Usuario de la Superintendencia de Salud, Marianella Sierra Saa. Además, la funcionaria dijo que el objetivo de este seguimiento es establecer si los usuarios cuentan con la información necesaria por parte de su EPS para acceder a los servicios que requiera y, en especial, si en sus portales web existen espacios exclusivos para brindar información relacionada con la covid-19.
“Con respecto a los hallazgos evidenciados, se realizaron los requerimientos respectivos a las entidades para exigir las mejoras necesarias y continuaremos un seguimiento estricto para garantizar el acceso oportuno a los servicios”, agregó Sierra Saa. Por otra parte, la SuperSalud destacó iniciativas innovadoras como programas para la entrega de medicamentos a población vulnerable en línea, consultorio médico virtual, línea de orientación psicológica, aplicaciones diseñadas para trámites y autoevaluación del coronavirus, cursos virtuales, y toma de muestras de laboratorio a domicilio.
Por último, la SuperSalud advirtió que seguirá adelantando las acciones de inspección correspondientes y, en los casos donde se identifique la vulneración en los derechos en salud de los usuarios o una negativa a la implementación de las acciones de mejora, las entidades serán objeto de una eventual investigación administrativa que podría terminar en una sanción por el incumplimiento a las instrucciones del ente de control y vigilancia.