La detección tardía y la falta de vigilancia en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad por parte de los entes encargados tienen a Apartadó con 18 casos de covid-19 y sectores urbanos marcados como de alto riesgo para contraer la enfermedad. El 11 mayo, la Secretaría de Salud de Apartadó fue notificada de un nuevo caso de covid-19. Se trataba de un trabajador de la Clínica Apartadó. Era evidente que el contagio había surgido de un paciente no identificado. Después de analizar archivos, se encontró como posible foco de contagio a un paciente, conductor de camión, que ingresó el 25 de abril a urgencias con un fuerte dolor en el pecho y que fue descartado rápidamente, hasta que regresó el 27 de abril y fue hospitalizado por una arritmia y un derrame pulmonar. El 14 de mayo se conoció el resultado del examen de covid-19 que se le practicó al conductor: fue positivo. El 15 de mayo, la Secretaría de Salud cerró la clínica, propiedad de la IPS Génesis, por no cumplir con los protocolos de bioseguridad. El paciente también fue atendido en una clínica particular de Apartadó, donde también se hizo cerco epidemiológico y se les tomó muestras a veinte empleados. Todos dieron negativo.
Aparte del transportador, que movía mercancía entre Cartagena y Apartadó, ya hay otros 17 caos positivos en el municipio. Cuatro son del personal asistencial de la Clínica Apartadó, otros cuatro son personas cercanas al transportador y nueve son ciudadanos relacionados con un sector céntrico del municipio y de la plaza de mercado, lugares que recorrió el paciente varios días antes de ser identificado. Hoy, en esos sectores hay vallas que advierten a los apartadoseños: “¡CUIDADO! Estás ingresando en una zona de alto riesgo para covid-19”. Justo los cuatro casos encontrados en la Clínica Apartadó ahora denuncian que fueron suspendidos por la EPS y solo recibieron 15 días de salario de siete meses adeudados. “Solo tengo derecho a atención médica cuando esté a punto de morirme”, dice uno de los empleados. Este ciudadano, quien prefiere mantener el anonimato, asegura que desde el día que se anunció la pandemia, él y los 82 empleados de la clínica se preguntaron: “¿Cómo enfrentaremos esto? En ese instante, sentí que me ponían de carne de cañón, solo contábamos con unas pocas mascarillas N95, batas desechables manga corta que solo duraron unos pocos días, unas cuantas botellas de alcohol y nada de gel antibacterial; mucho menos toallas para secarnos. Las cinco personas de urgencias teníamos que usar una sábana para secarnos las manos, lo mismo sucedía en hospitalización”. El 17 de marzo, el mismo día que se decretó la emergencia por la pandemia, los empleados de la IPS Génisis, sede Apartadó, enviaron una carta a SuperSalud Apartadó, donde solicitaron de “manera enérgica una visita a las instalaciones” para corroborar la falta de condiciones mínimas de bioseguridad, situación que, según los empleados, ponía en peligro la salud y la vida de los usuarios y del personal asistencial: “Por lo anterior se solicita a la mayor brevedad la visita y se corrobore la situación calamitosa de los empleados de dicha institución”. “Ante el silencio y el desprecio por parte del Estado, nos vimos obligados a salir a las calles de Apartadó y buscar la solidaridad del pueblo. Nosotros también merecemos tener atención en salud”, dice el empleado. Por estar suspendidos sin seguridad social y por la falta de elementos mínimos para enfrentar la pandemia, el 17 de abril los empleados salieron a las calles de Apartadó a protestar. El 16 de mayo, cuando este paciente recibió la noticia de que era positivo para covid-19, sintió que lo poco de su mundo que aún quedaba en pie se le derrumbaba. Tres días antes le habían tomado la muestra y le ordenaron confinamiento, tiempo durante el cual guardó la esperanza de que el resultado fuera negativo. Pero esa mañana del 16, cuando sonó el teléfono muy temprano, sintió que los presagios no eran buenos, y cuando le dieron la noticia rompió en llanto, pero lo que menos le dolía era la enfermedad. Le vinieron a la memoria los constantes engaños durante siete meses, de las directivas de la IPS: “el lunes les pagamos”; “mañana nos ponemos al día con la seguridad social”; “estén tranquilos que tendrán todos los elementos para enfrentar la pandemia”, relató. Este paciente aún no ha podido reclamar los quince días de salario que le pagaron, de los siete meses que le adeudan, porque su núcleo familiar y cercano está en aislamiento. “Hoy sobrevivimos de la caridad. Hay casos tan dolorosos como el de una compañera, también despidieron del trabajo a su esposo. Nuestras familias sobreviven gracias a la ayuda en mercado que nos da la Alcaldía de Apartadó. Si no, estaríamos aguantando hambre”. Este profesional de la salud recalca: “Si se hubieran seguido los controles al ingreso de Apartadó, como son toma de temperatura y la encuesta de síntomas de alerta, como lo exigen las normas, y si el personal asistencial de la Clínica Apartadó hubiera tenido los elementos de bioseguridad, de seguro este foco no lo tendríamos hoy”. Según Claudia Espitia, auxiliar de enfermería que recibió al paciente foco del contagio, el 19 de mayo recibió unos “elementos mínimos de bioseguridad”: un par de guantes, una mascarilla N95, un gorro y frasco de gel antibacterial de 100 cc, elementos que duraron pocos días. “La noche del 25 de abril, cuando recibí al paciente que dio positivo, me tocó atenderlo con mascarillas sencillas y guantes de látex. No contábamos con batas manga larga, muchos menos vestidos antifluido ni caretas. Tan es así, que el 15 de mayo, cuatro días después de que nos informaran de que nuestro compañero fue infectado por un paciente que atendimos, la Secretaría de Salud de Apartadó selló la Clínica por falta de condiciones de bioseguridad”, dice Espitia.
Las acciones para enfrentar el foco de contagio El 20 de abril, Beatriz Elena Lopera, funcionaria de la Secretaria de Salud de Antioquia, con respecto a las denuncias de los empleados de la Clínica Apartadó, le dijo al periódico ‘El Colombiano‘: “Les adjuntamos la circular que envió esta Secretaría con relación a la obligatoriedad que tienen las ARL de proporcionar esos elementos a los trabajadores”. Pero como se lo expresaron a SEMANA los empleados y lo corroboró Luis Bayron Gil Londoño, gerente de Génesis, “nos encontramos suspendidos de seguridad social y ARL, algunos desde hace un año y otros desde hace tres meses”. Aracelis Castro Quejada, secretaria de Salud de Apartadó, al ser consultada sobre el procedimiento seguido ante el brote de coronavirus que llevó al cierre de la Clínica Apartadó, expresó: “El día 11 de mayo se notifica al municipio de Apartadó un caso covid 19 en una persona del sector salud residente en el municipio de Apartadó que viajó a la ciudad de Medellín. Inmediatamente se inicia la investigación de campo… Se realiza una nueva visita el 15 de mayo a la Clínica Apartadó debido a los incumplimientos reportados. Durante la visita se identifica que el personal de salud no contaba con los elementos de protección personal a la mano. Los mismos se encontraban en el servicio farmacéutico, falta de adherencia a los protocolos de bioseguridad, falta de una ruta de atención para posibles casos covid-19. La visita da como resultado la aplicación de la medida sanitaria de cierre temporal”. Según Secretaría de Salud de Antioquia, “la queja de los empleados de la Clínica Apartadó, del prestador de servicios Génesis, radica básica y especialmente en que no les están provisionando los elementos de protección personal, ni están cumpliendo con las normas básicas de bioseguridad. La Secretaría de Salud de Antioquia emitió un comunicado donde informa que es el empleador y la administradora de riesgos laborales deben dotar a los trabajadores de los elementos de protección personal y tienen que cumplir la resolución expedida por el señor presidente”. César Gómez, director de calidad y red de servicios de la Secretaría de Salud de Antioquia, expresó que dicha dependencia “no tiene competencia en relación con las normas de bioseguridad, ni con los elementos de protección personal, tratándose de un prestador de servicios de salud y, aún más, privado”. Por su parte, Luis Bayron Gil Londoño, gerente de la Clínica, dice que la mala situación que pasa la IPS Génesis se debe a que las IPS liquidadas —Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca— les deben 75.000 millones de pesos: “Los procesos legales para cobrar estos dineros son infinitos, por eso hemos solicitado la liquidación de la empresa. Por esta razón estamos atrasados en el pago de salarios y seguridad social”. Casos positivos en el Ejército de Urabá Por otro lado, han causado desconcierto en Urabá los contagios al interior de las Fuerzas Armadas. Según el Instituto Nacional de Salud (INS) hay 48 soldados adscritos a la Brigada XVII de Carepa, contagiados de coronavirus; además, Felipe Maturana, alcalde de Turbo, anunció 43 casos positivos de miembros de la Armada Nacional acantonada en Turbo. Lo que ha sucedido parece la muestra de un desorden interno, pues 22 de los se quedaron en la Brigada XVII y 26 restantes fueron enviados al Cantón de la Armada en Turbo sin esperar resultados, donde son notificados de ser positivos para covid-19. Ante estos nuevos casos positivos en miembros de las fuerzas militares, la Gobernación de Antioquia “activó una mesa de trabajo compuesta por autoridades civiles, militares y de salud, la cual sesionará permanentemente para tomar las acciones necesarias en la zona”. El objetivo de la mesa de trabajo permanente es “avanzar en la búsqueda activa de posibles casos para evitar que el contagio de covid-19 se siga propagando dentro de las guarniciones militares en el Urabá antioqueño o que se expanda hacia la población civil”. Antioquia ha sido ejemplo en la contención del coronavirus en el país, pero parece que la mala administración de entidades privadas tiene en jaque a dos muinicipios: Ituango, donde en un campamento del proyecto Hidroituango, de EPM, hay 146 personas contagiadas, y en el Urabá, donde los profesionales de la salud y los militares son focos de contagio.