En abril de este año hubo revuelo y luto entre los líderes sociales del país, esto por el asesinato de uno de los más representativos defensores de derechos humanos de la región de Bolívar, Narciso Beleño. El crimen incluso generó el reclamo del presidente Gustavo Petro y de las Naciones Unidas y, luego de siete meses, fue enviado a la cárcel un coronel en retiro quien habría ordenado la muerte.
Se trata del coronel en retiro del Ejército Nacional José Alejandro Castro Cadavid, quien habría dado la orden de ejecutar la acción criminal a la subestructura Arístides Manuel Meza Páez del ‘Clan del Golfo’, quien fue asesinado en el municipio de Santa Rosa (Bolívar), luego de recibir cuatro disparos quedando muerto en el lugar.
Beleño era presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) y había denunciado la presencia de paramilitares del Clan del Golfo, en el corregimiento San Agustín, del municipio Arenal, donde invadieron algunas casas de pobladores y se llevaron a algunos habitantes de la zona.
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó cargos y, por disposición de una juez de control de garantías de Cartagena (Bolívar), deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
En su momento, la Organización de las Naciones Unidas publicó: “llamamos a las autoridades a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de este homicidio y el de las demás personas defensoras asesinadas. Nos solidarizamos con la familia de Narciso y Fedeagromisbol y continuamos siguiendo este crimen y la situación en Sur de Bolívar”.
“De acuerdo con la investigación, el oficial en retiro sería uno de los articuladores principales del ‘Clan del Golfo’ en esa zona del país. Al parecer, consideraba al líder social como un opositor del grupo armado ilegal por el liderazgo que ejercía y las denuncias que interponía en su condición de presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Agromisbol)”, informaron desde la Fiscalía.
Previamente, el líder había recibido varios panfletos amenazantes a nombre de este grupo ilegal. Sin embargo, no se detuvo y continuó con su actividad social. En respuesta, el coronel en retiro presuntamente dispuso que hombres armados lo interceptaran en la puerta de su lugar de residencia y le dispararan, como efectivamente sucedió.
Por estos hechos, la Fiscalía ha judicializado a cuatro personas, tres hombres y una mujer, que se encuentran privados de la libertad en centro carcelario. Una de ellas aceptó su participación en el crimen.