El coronel en retiro de la Policía Antonio José Ardila Torres fue capturado con fines de extradición. Las autoridades lo señalan de hacer parte de una organización dedicada al tráfico de drogas.
El oficial, junto a un civil, habrían sido los encargados de coordinar el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos, Centroamérica y Europa. La evidencia indica que desde el Bajo Calima y Buenaventura, en Valle del Cauca, así como desde el Litoral de San Juan, en Chocó, se cargaban lanchas con clorhidrato de cocaína.
En la petición realizada por la Corte Distrital del Este de Nueva York (Estados Unidos) se señala que el coronel en retiro tendría nexos con carteles mexicanos que controlan el tráfico de cocaína en la frontera.
Las pruebas documentales indican que el oficial en retiro sería el encargado de coordinar con los enlaces de la organización de narcos. Igualmente, recibía parte del dinero con el que se financiaba la red.
“Rendía cuentas a los cabecillas dentro y fuera del país”, precisó María Elena Monsalve Idrobo, directora especializada contra el narcotráfico. Mientras que el particular, identificado como William Fernando Galarza Bogotá, quien era conocido con el alias de Willi, era el encargado de conseguir los medios de transporte y formas de camuflaje de la cocaína.
Debido a esto, deberán responder ―si la Corte Suprema de Justicia avala su extradición― por cargos relacionados con tráfico de drogas ante las autoridades de los Estados Unidos.
Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se adelanta todo el trámite para el pedido de extradición ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En este trámite, el Alto Tribunal deberá pedir los conceptos de la Procuraduría General y los apoderados de los dos capturados con el fin de definir si avala o no la petición hecha por la Corte de los Estados Unidos.
Captura del comandante de Yarumal
Recientemente se conoció la captura del comandante de Policía de Yarumal (Antioquia), mayor Darlington Macías. La detención fue ordenada por la Justicia Penal Militar que consideró que el oficial había habría incurrido en una negligencia o actos de desobediencia frente a la orden de que los patrullajes en la región fueran de mínimo cuatro agentes.
La decisión se tomó tras el asesinato de dos agentes de Policía (el subintendente Sergio Yepes y la patrullera Luisa Zuleta) quienes se movilizaban en una motocicleta realizando actividades de patrullaje.
El reporte preliminar que conoció SEMANA indica que el mayor conoció las órdenes impartidas desde la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía respecto de los desplazamientos de los uniformados y aun así entregó órdenes a sus subalternos de manera contraria.
“Según los funcionarios, el oficial habría incumplido la orden de sacar las patrullas de cuadrante de manera conjunta, incumpliendo los protocolos de seguridad, situación que habría favorecido a los integrantes de estructuras delincuenciales para materializar el homicidio de los uniformados”, indica el reporte.
De acuerdo con los informes, las patrullas en esa zona del país debían desplazarse o estar integradas, como mínimo, por cuatro uniformados, en aras de garantizar la seguridad de los policías. Sin embargo, según ese reporte, el mayor autorizó que la patrullera Zuleta y el subintendente, salieran solos en los recorridos, lo que pudo motivar y facilitar el ataque armado.
El caso se convirtió en varias investigaciones: disciplinaria, penal y en la jurisdicción castrense, en esta última salió la decisión de capturar al oficial por el delito de desobediencia. El mayor será presentado ante los jueces de garantías en la Justicia Penal Militar y básicamente estrenará el nuevo sistema penal acusatorio en esa instancia.
Para esa jurisdicción, es claro que el oficial al mando del resto de uniformados no tomó las medidas de precaución y, al contrario, puso en riesgo a los hombres y mujeres a su cargo. Tomó decisiones que dejó vulnerable al personal, con los resultados que el país conoció y reprochó.
La Justicia Penal Militar recaudó material probatorio que incluyó declaraciones de otros uniformados y las condiciones propias de la zona donde ocurrió el asesinato de la patrullera y el subintendente. El resultado de esas verificaciones es que efectivamente se omitieron protocolos básicos o mínimos para garantizar la seguridad de los uniformados.
La captura del mayor, comandante de la Estación de Policía en Yarumal, Antioquia, responde justamente a esos análisis que adelantaron los fiscales de la Justicia Penal Militar luego de concluir en la presunta responsabilidad del oficial en el delito de desobediencia. Una conducta penal que está únicamente constituida en la jurisdicción castrense.