El coronel José Ramírez será el nuevo comandante del Escuadrón Antidisturbios Esmad y está será la primera vez que un general asuma la cabeza de la institución.

Ramírez se encuentra por estos días en Europa terminando sus estudios para ascender en diciembre de este año al grado de brigadier general, explicó El Tiempo.

El próximo general tiene 49 años, es oriundo de Ibagué, departamento del Tolima, está casado y tiene dos hijos, explica el diario.

Ingresó a las fuerzas armadas en 1993 a la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander y está próximo a cumplir 30 años en la institución.

El coronel ha trabajado como administrador policial, analista de inteligencia, especialista en seguridad y pedagogía para la educación superior, relata el diario.

Además, tiene estudios en Policía Federal Australiana, Policía Real Montana de Canadá y de crimen organizado, y diversos cursos en derechos humanos y refugiados.

Antes de empezar sus clases para convertirse en coronel, era el comandante de la Policía en el Tolima.

El general Ramírez será parte de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, el reformado Esmad que tendrá nuevos lineamientos y funciones en la capital.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los agentes del Esmad solamente podrán utilizar la fuerza como último recurso: “Prima el derecho a la manifestación pública por encima del derecho al buen nombre que se afecta con las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas o excéntricas. Por ello no debe haber reacción ante tales injurias o calumnias”.

Además, en el documento conocido por SEMANA, se crea la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), la cual entrará a actuar cuando los manifestantes ataquen el patrimonio público o privado o vulneren derechos de las personas.

El instructivo n.° 009 fija los lineamientos para el restablecimiento del orden en diferentes escenarios, entre los que se encuentran huelgas; manifestaciones públicas; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; obstrucción a vías públicas que afecten el orden pública; enfrentamiento entre las llamadas barras bravas; asonadas; riñas colectivas; motines en establecimientos carcelarios o penitenciarios, y la usurpación de inmuebles o tierras.

En uno de los puntos más extensos del documento, el que hace referencia a la manifestación pública, se fija que el acompañamiento de la fuerza pública debe ser, en lo posible, “discreto, para que la presencia de los miembros de la Policía Nacional no sea aprovechada por los manifestantes para incitar al odio”.

En otras palabras, se parte de la premisa de que la presencia de los agentes incita los ataques en contra de población civil, infraestructura y demás durante las protestas y manifestaciones.

“Los policías no deben marchar junto a los manifestantes, tampoco colocarlos para abrir o cerrar la manifestación; no deben ser apostados de manera inerme en lugares donde puedan ser objeto de ataques”, señala el aparte relacionado con los procedimientos.

Igualmente, se establecen las características que debe tener una manifestación para ser catalogada como violenta: “Cuando sus integrantes tipifican delitos que atentan contra la seguridad pública (incendio, lanzamiento de objetos peligrosos, porte de armas de fuego o blanca), o contra la vida e integridad personal (lesiones personales, homicidio en tentativa), o contra la administración pública (violencia contra servidor público, obstrucción a la función pública) o contra el régimen constitucional (asonada) o contra el patrimonio público o privado (daño en bien ajeno)”.

Cuando en las manifestaciones se registre presencia mayoritaria de jóvenes entre los 15 y 24 años, la “primera intervención será de unidades de la Fuerza Disponible, salvo que el nivel de agresividad sea tan alto que se haga necesaria la actualización inmediata de unidades especializadas de la UNDMO, la cual aplicará los protocolos establecidos en la norma que lo regula”.