A escasos días de que comiencen las corralejas en la capital de Sucre, cuyo evento cumbre está previsto como es tradicional para el 20 de enero, la justicia podría tomar una decisión que significaría su cancelación, pese a que la construcción de la plaza que las albergaría sigue a toda marcha.
En las últimas horas, un colectivo de defensores de los derechos de los animales reveló que, en respuesta a un derecho de petición, la Alcaldía de Sincelejo confirmó por escrito que no cumple cabalmente uno de los cuatro requisitos que indicó la Corte Constitucional para llevar a cabo las corralejas.
Ese alto tribunal indicó, en 2010, que para la realización de ese tipo de eventos se deberían cumplir cuatro preceptos: eliminar o aliviar las conductas especialmente crueles contra los animales, que únicamente se realicen en las fechas en que han sido tradicionales, que no haya inversión de dineros públicos para la construcción de las infraestructuras y que solo se hagan en municipios donde haya una tradición demostrada e ininterrumpida.
Este último requisito es el que, según los animalistas, reconoció la Alcaldía de Sincelejo, pues en el documento, firmado por el secretario de Gobierno, Mario Nicolás Yeneris, se asegura que “durante los años 2013 y subsiguientes la realización de corralejas no se realizaron (sic) por cuanto los empresarios no cumplieron con los requisitos, efectuándose las del año 2022, cuando los empresarios nuevamente solicitaron la autorización para la realización del espectáculo y dieron cumplimiento a los requisitos exigidos por la administración municipal de Sincelejo”.
En ese sentido, quienes interpusieron el derecho de petición sostienen que la Alcaldía hizo un reconocimiento abierto de que las corralejas no se realizaron durante nueve años y por tanto la organización de estas para 2023 estaría viciado.
“Por lo cual, autorizar una corraleja en este mes de enero de 2023 sería incumplir abiertamente el precedente constitucional que se señaló en la sentencia C-666 de 2010, que establece que únicamente podrán realizarse estas actividades en municipios o distritos donde sean una manifestación regular, periódica e ininterrumpida; entonces nos damos cuenta que Sincelejo no cumple con este condicionamiento”, sostiene Juan Carlos Cárcamo, abogado que trabaja en pro de la defensa de los derechos y quien ha estado al frente de diversas iniciativas para suspender también el maltrato de los caballos que halan los coches en Cartagena.
De acuerdo con el jurista, el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, debe suspender las corralejas en la capital sucreña no solamente porque su secretario de Gobierno admitió por escrito que no cumplían una de las cuatro condiciones señaladas por la Corte, sino porque no puede desacatar una orden emanada por el alto tribunal.
“Estaría incurriendo en desacato a precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y también estaría incurriendo en una falta disciplinaria, violaría el Código Único Disciplinario pues todas los funcionarios públicos están obligados a acatar las sentencias judiciales”, confirma Cárcamo.
Pero ese no es el único lío judicial que tiene en vilo las corralejas de Sincelejo. El Juzgado Primero Penal de esa ciudad, admitió y está dando curso a una tutela interpuesta por la senadora animalista, Andrea Padilla, quien argumentó también que no se pueden llevar a cabo por incumplimiento de la sentencia judicial por pérdida de tradición ininterrumpida, es decir, porque dejaron de realizarse durante casi una década.
Aunque la parlamentaria solicitó una medida cautelar para que se suspendiera el montaje de la plaza Toro Bravo, donde están previstas la corralejas, el mismo juzgado desestimó la petición y les dio 48 horas a las autoridades de Sincelejo para que hagan sus descargos y poder emitir una sentencia final, que los detractores esperan que se produzca antes del inicio formal del evento.