Horas antes del día cumbre de las Corralejas, la senadora Andrea Padilla, quien interpuso el recurso, argumentando que había serios reparos en la construcción de la plaza donde se desarrollara el evento, -poniendo en riesgo a los asistentes- y que no tenían la continuidad en el tiempo ordenada por la Corte Constitucional, recibió la noticia de que el juez que estudió el caso lo declaró improcedente.
En respuesta a la solicitud de la parlamentaria, el juez primero municipal de la capital sucreña, Juan Carlo Castilla Cruz, aseguró que no hay riesgo en torno al montaje de las tarimas porque existe una licencia de construcción, y que según las pruebas que aportó la Alcaldía, todo está en orden.
“Lamentablemente, el juez que falló la tutela que interpusimos, buscando salvaguardar derechos fundamentales de las personas a la vida y a la seguridad, consideró improcedente el recurso. Esto, sumado a que no hay entes de control que operen (ni Procuraduría ni el Concejo de Sincelejo), hace que alcaldes como él, que creen que las normas están pintadas y que lo que hay que darle a la gente es pan y circo, sigan a sus anchas haciendo lo que quieren”, aseguró la parlamentaria.
Sin embargo, en las últimas horas se han hecho virales una serie de videos que muestra cómo un grupo de personas salta en una de las graderías de madera, en lo que parecería ser una prueba de resistencia de la estructura, y que pondría en tela de juicio los argumentos tanto de la Alcaldía como del juez, en el sentido de que la estructura es totalmente resistente.
Para la senadora Padilla es evidente que no hay plena certeza de que la plaza que se construyó para las corralejas de Sincelejo sea 100 por ciento segura, y teme que se pueda repetir un episodio como el que se vivió hace 42 años, cuando el desplome de las tribunas dejó más de 500 muertos y centenares de heridos
“Vimos un video en el que personas desafían las medidas de control, haciendo ellas mismas la “prueba re resistencia” de la corraleja, lo que demuestra el “folclorismo” que impera en estas actividades donde la gente pareciera ir dispuesta a perder la vida: por la cornada de un toro o por la caída de las tablas. Y ni qué decir de los animales”
El segundo argumento del juez para declarar improcedente la acción de tutela es que, según su análisis, la Alcaldía de Sincelejo nunca reconoció que las corralejas se hayan suspendido durante nueve años, lo cual configuraría el incumplimiento puntual de uno de los cuatro requisitos que hizo en su momento la Corte Constitucional para aprobarlas y, que ordenó que espectáculos como ese deberían demostrar tradición a lo largo del tiempo, es decir, que no se hubieran interrumpido nunca.
Adicionalmente, el alto tribunal indico que era necesario demostrar que no había crueldad excesiva con los animales, que se realizaran en la fecha en que tradicionalmente se hacen y que no haya inversión de dineros públicos para financiar su realización.
Pese a que la Alcaldía admitió en la respuesta de un derecho de petición que, efectivamente, las corralejas no se celebraron durante algunos años, el juez que estudió la tutela acogió el argumento de la administración municipal, según el cual durante 2010, 2011 y 2012 se celebraron en las afuera de la ciudad, y entre 2013 no se realizaron o porque los empresarios no cumplieron los requisitos o porque la pandemia lo impidió.
En ese sentido, afirmó que era falso el argumento de la senadora en el sentido de que las corralejas habían incumplido flagrantemente la exigencia de la Corte de mantener su tradición de continuidad en el tiempo.
Para la parlamentaria “lo que ha ocurrido con las corralejas en Sincelejo es una muestra de la desfachatez de muchos alcaldes y de la inoperancia de los entes de control y de la justicia. Por segundo año consecutivo, el alcalde de ese municipio hará corralejas violando las normas de aglomeración, una sentencia judicial y poniendo en riesgo las vidas de miles de personas”.
Durante el fin de año y el comienzo de 2023 se celebraron decenas de corralejas en todo el país, dejando decenas de heridos graves y muertos, como sucedió en Ayapel, Córdoba, donde un toro le destrozó la cara a un hombre quien agonizó durante una semana, y cuya familia denunció que no recibió atención de la Alcaldía y que no se explica por qué no suspendieron un espectáculo que califican como inútil.