El llamado ‘Carrusel de la contracción’ es considerado el mayor escándalo de corrupción en la historia de Bogotá, descubierto por las autoridades en el año 2010. Los cerebros de esta empresa criminal fueron el en ese entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y su hermano, el senador Iván Moreno Rojas; en apoyo del empresario Emilio Tapia, el abogado Álvaro Dávila y los hermanos Nule, contratistas de las obras de Transmilenio por la calle 26.
Uno de los 40 condenados por este caso de corrupción fue Álvaro Cruz Vargas, gobernador de Cundinamarca dos veces de 2001 a 2003 y de 2012 a 2015. De acuerdo con la Fiscalía, la relación de Cruz con el ‘Carrusel de la contratación’ se da entre 2009 a 2010, cuando se encontraba al frente de la empresa de ingeniería ICM. El exgobernador había realizado un soborno de 700 millones de pesos a concejales para ganar diversas licitaciones, entre ellos la reparación de la calle 153 y otras vías. El contrato valía 24.000 millones de pesos. Del anticipo por el contrato habría salido el soborno.
Cruz hizo la labor de representante de ICM en diversos acuerdos comerciales, aunque no figuraba legalmente, la Fiscalía aseguraba que contaba con material probatorio suficiente para demostrar que sí lo era. Uno de los tratos fue con el empresario cubano Manuel Dorta-Duque para comprar un terreno de 7,5 millones de dólares en Miami. Dorta-Duque le explicó a Fiscalía en junio de 2016 que siempre le presentaron a Álvaro Cruz como dueño de la firma de ingenieros y entregó soportes que demostraron que sí hicieron negocios juntos y no con un homónimo, contradiciendo las declaraciones de Cruz.
En agosto de 2015 renunció a la Gobernación cuando se descubrió su soborno de 700 millones de pesos que pagó en 2009 a concejales de Bogotá para adjudicar un contrato de pavimentación de vías a favor de ICM Ingenieros y de otra empresa. Cruz Vargas fue condenado a seis años de prisión en 2016 por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
ICM Ingenieros contó con la participación de la familia de Álvaro Cruz Vargas. La esposa de Álvaro Cruz, Zoraida Rozo Barragán, llegó a figurar como accionista, al igual que su cuñado Jorge Ibán Rozo Barragán, a través de la firma Inversiones en Infraestructura S.A.S.
Álvaro Cruz Vargas, su esposa y cuñado pagaron un segundo soborno cuando se descubrió el primero, en un intento de impedir la investigación penal. En 2018, al destituir e inhabilitar por 20 años al ex procurador judicial Ulpiano Hernán Jovel Muñoz por incremento patrimonial injustificado de 781 millones de pesos, señaló la Procuraduría General de la Nación que ese incremento “tiene origen en los 2 mil millones [de pesos] que recibió de parte de Álvaro Cruz Vargas, exgobernador de Cundinamarca, para que sobornara a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y lograra congelar el proceso penal que se adelantaba contra el mandatario, por el denominado carrusel de la contratación de Bogotá”.
Jovel Muñoz conocía a alguien que estudió en el Colegio Salesiano de Neiva con el entonces vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Ofreció ese contacto para frenar la investigación contra el gobernador. Jovel Muñoz conocía a Álvaro Cruz Vargas porque tuvo una relación con la cuñada del gobernador, es decir, con la hermana de su esposa. La cuñada, al igual que Jovel Muñoz, era funcionaria de la Procuraduría.
El 10 de diciembre de 2019, el juzgado 27 de ejecución de pena le concedió la libertad provisional a Álvaro Cruz. El exgobernador solo cumplió con las tres quintas partes de su sentencia, favorecido por su buena conducta en la cárcel La Picota. El soborno pagado por Cruz Vargas fue uno de los muchos que se registraron en el Carrusel de la contratación, por el cual están presos el exalcalde Samuel Moreno Rojas, condenado con tres veces (24, 39 años y 8 meses, y 30 años) y su hermano, Néstor Iván Moreno Rojas, condenado a 14 años.
Los nombres de Álvaro Cruz, ICM Ingenieros y el contratista Emilio Tapia volvieron a encontrarse luego del Carrusel de la contratación en el escándalo del millonario contrato que entregó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a la Unión Temporal Centros Poblados, que ahora tiene refundidos cerca de 70.000 millones de pesos que les fueron entregados como anticipo. En 2021 se reveló que ICM Ingenieros era una de las cuatro empresas que formaron parte de la Unión Temporal Centros Poblados, la cual recibió un contrato oficial por un billón de pesos, junto con Intec de la Costa, Novotics y Omega Building.
El 10 de diciembre de 2020, luego de un mes de tener ya el contrato asignado con el MinTIC, ICM puso en dirección de la empresa a Herles Rodrigo Ariza, una persona de confianza de Emilio Tapia, que estuvo cercano a negocios con los hermanos Nule y a quien Tapia había hecho nombrar para que estuviera al frente del negocio. ICM Ingenieros aún tiene a Jorge Iván Rozo Barragán como representante legal, y Zoraida Rozo, esposa del exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, como accionista.