La Procuraduría le abrió una indagación previa a funcionarios por determinar para esclarecer si existieron irregularidades en la adjudicación de contratos en la Hidroeléctrica de Urrá, pero —además— si se gestionaron negocios para vender energía con empresas comercializadoras sin criterio técnico de asignación.
En un comunicado, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría confirmó que, “según información que ha sido revelada por medios de comunicación, en la Hidroeléctrica de Urrá, se habrían gestionado negocios con diez empresas para la venta de energía a empresas comercializadoras sin criterio técnico de asignación”.
Dentro de la indagación también se trata de determinar si —al parecer— se dieron transacciones que permitieron altos márgenes asociados con los precios de venta, y en las que se habrían permitido condiciones simuladas de negociación para darle apariencia de legalidad.
“Dos de las compañías estarían radicadas en el municipio de Villapinzón, en Cundinamarca, que revisará los posibles vínculos de al menos tres de ellas con funcionarios del alto gobierno y la supuesta intervención de algún congresista que ejercicio presiones ante la gerencia de comercialización de Urrá”, aseguró la Procuraduría.
Con la investigación se trata de individualizar a los posibles responsables del supuesto direccionamiento de la contratación de la Hidroeléctrica en Córdoba, tratar de aclarar la forma en que actuaron y definir si tienen algún tipo de responsabilidad.
Hace pocos días, la Procuraduría le envío una serie de preguntas que planteaban serios cuestionamientos sobre la forma en que se estaba manejando la contratación en la hidroeléctrica, el manual que se regía para adelantar ese tipo de procesos en la entidad y los valores de kilovatio que estaban manejando, entre otra información.
En esa solicitud, el ente de control aclaró: “La actuación preventiva no implica en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas; tampoco conlleva la expedición de conceptos, avales o aprobaciones frente a documentos producidos o actuaciones desplegadas por los sujetos de la vigilancia”.
La Hidroeléctrica de Urrá respondió en un comunicado de cinco puntos los cuestionamientos que le han planteado los entes de control y hasta el propio gobierno de Gustavo Petro, a través de los ministerios de Hacienda y de Minas.
En la carta expresaron toda su disposición para responder ante los interrogantes de la Procuraduría y explicaron: “Las tarifas actuales son el resultado de un proceso de evaluación que asegura que no solo sean competitivas en el mercado, sino también justas para los consumidores y sostenibles para la operación de la planta”.
Así mismo, indicaron: “Los contratos de venta de energía se adjudican siguiendo un proceso transparente y competitivo, en cumplimiento con las normativas del mercado eléctrico colombiano. Cualquier sugerencia de favoritismo o colusión con comercializadoras es completamente infundada y carece de base real”.
Uno de los señalamientos más graves que salió en medio de este escándalo fue el del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quien supuestamente estaría detrás de los billonarios contratos de Urrá, cuando apareció Aquasol, un proyecto de energía solar flotante en el agua del embalse.
Calle es el mismo congresista mencionado en el escándalo de corrupción del contrato para comprar 40 carrotanques para suministrar agua potable en La Guajira. Según Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, el representante liberal habría recibido 1.000 millones de pesos de dicha licitación, a cambio de que presuntamente apoyara las reformas del Gobierno Petro en el Congreso.