Para la Procuraduría General no hay certeza del número de los bienes incautados a la mafia y que estaban siendo administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). A esta conclusión llegó el organismo de control disciplinario tras la apertura de una investigación disciplinaria para establecer las irregularidades que se habrían presentado en los últimos años.

Para la Procuraduría General, no se tiene claridad sobre la vulnerabilidad en el sistema para el control del inventario de los bienes de parte de la SAE. Con el fin de establecer más fallas, se designó a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para iniciar actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en inventario de bienes provenientes de la mafia y organizaciones criminales que administraba la Sociedad, que reemplazó a la muy cuestionada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

En las primeras pesquisas, adelantadas por un técnico-científico en instalaciones de la sede de la SAE en Bogotá, se encontró que no son claros los criterios para la distribución, generando una concentración de los más rentables, esto debido a que no se adelantó la respectiva auditoría. Igualmente, se registraron decenas de incumplimientos en los compromisos suscritos con particulares encargados de la administración de dichos bienes.

Uno de los puntos más grave es que existen arrendamientos de millonarios bienes con un valor muy reducido, incluso menor a que había establecido la misma SAE, hecho que generó un millonario desfalco. Frente a estos hechos, la Procuraduría busca identificar e individualizar a los posibles autores y determinar si existe responsabilidad disciplinaria por parte de las directivas de la SAE encargadas de controlar todo lo relacionado con los bienes incautados por las autoridades a las organizaciones criminales.

El caso más sonado recientemente frente a las irregularidades en la entrega de los bienes tuvo que ver con el exdirector de la Policía Nacional general (r) Rodolfo Palomino, quien recibió una finca que era propiedad del esmeraldero Pedro Nel Rincón, conocido con el alais de Pedro Orejas.

El oficial en retiro recibió, por medio de la sociedad PAAR CONSULTING GROUP S.A.S, la hacienda Granada ubicada en Ubaté (Cundinamarca) y la cual le había sido incautada a Pedro Orejas en septiembre de 2021 junto a otros 770 bienes avaluado en un billón de pesos.

Después de que estallara el escándalo, el general Palomino publicó un comunicado de cinco puntos en el que asegura que todo el trámite fue legal y se realizó teniendo en cuenta todas las condiciones de la SAE. La búsqueda de este predio formó parte de su plan para poner en marcha su emprendimiento rural.

“Retomé una actividad vivida en mi infancia en compañía de mi padre, la ganadería en pequeña escala y me dediqué a la producción de leche de vaca”, explicó el oficial en retiro que salió de la Policía Nacional en medio de investigaciones por casos de corrupción y la llamada Comunidad del Anillo.

Reveló que a comienzos de 2022 accedió a la página de la SAE para conocer 200 predios rurales ”que podían estar disponibles para ser tomados en arriendo de acuerdo con la ley”. Fue de esta forma, y tras pedir un préstamo, que firmó todos los documentos de arrendamietno.

“La actual administración de la SAE, se tomó desde el 18 del mes de agosto y todo el mes de septiembre, para revisar nuevamente los documentos y autorizar la entrega del inmueble. La SAE, nunca me informó sobre la historia y trazabilidad de la propiedad del inmueble, entendiéndose que son bienes que se han recuperado y como muchos en el país han sido dispuestos de acuerdo con la ley y las normas de la SAE, ya sea como depositarios o arrendatarios de estos. Jamás, ni antes ni ahora he hecho ningún tipo de negocio o trato con personas de quienes se tenga información alguna que estén comprometidos en algún acto ilícito”, detalló.