Guillermo Grosso Sandoval, agente interventor de la EPS SaludCoop entre los años 2013-2015, fue inhabilitado por 12 años para ejercer cargos públicos por parte de la Procuraduría General. En el fallo se advierte que su gestión fue deficiente y ocasionó riesgosas condiciones en la prestación del servicio de salud a casi siete millones de usuarios.
El organismo de control disciplinario manifestó que Grosso desatendió las directrices dadas por el Ministerio de Salud frente al seguimiento a los indicadores de calidad y alertas tempranas, así como en la cobertura y acceso de los usuarios a la red prestadora de servicios de salud.
Desde su cargo falló en verificar el cumplimiento de los estándares mínimos de habilitación que debía tener esa misma red y por no haber diseñado un plan de trabajo con la participación de usuarios, prestadores, empleados y representantes del sector cooperativo, con el fin de evaluar conjuntamente las alternativas para la adecuada operación de esa entidad.
“El cargo imputado al disciplinable y que es objeto de este pronunciamiento se encuentra probado (…) Se demuestra fehacientemente que el procesado omitió los deberes descritos en el pliego acusatorio”, advierte el fallo de la Procuraduría General.
Entre las pruebas allegadas al proceso disciplinario que desembocó en esta decisión, se encuentran varios requerimientos que la Superintendencia Nacional de Salud realizó entre 2013 y 2015 a Salucoop EPS, relacionados con falencias en la prestación de sus servicios que originaron acciones de tutela falladas contra Supersalud e incidentes de desacato formulados como consecuencia del incumplimiento a dichos fallos, además de las reiteradas falencias en la atención prestada por esa EPS.
El otro juicio disciplinario
El pasado 25 de abril, casi diez años después del gigantesco desfalco a la salud, cuando cayeron como fichas de dominó diferentes EPS como Saludcoop, Medimas y Cafesalud, las investigaciones y los hallazgos del millonario desvió de dineros para la atención de los ciudadanos no paran. La Procuraduría acaba de dar inicio al juicio disciplinario contra uno de los principales protagonistas del desfalco, el ya condenado expresidente de Cafesalud, Guillermo Grosso.
El ente de control disciplinario formuló pliego de cargos por presuntamente autorizar el uso indebido de recursos destinados específicamente a la prestación del servicio de salud, para la adquisición de equipos de cómputo y comunicación, muebles de oficina y enseres a terceros.
“La Delegada para la Economía y Hacienda Pública señaló que el exdirectivo habría validado que se utilizaran cerca de $800 millones, entre noviembre de 2015 y enero de 2016, de dos de las cuentas en las que se recibían pagos de los entes territoriales, de diferentes clínicas y por concepto del Plan Obligatorio de Salud, con lo que pudo incurrir en falta disciplinaria”, señala un comunicado de la Procuraduría.
El asunto es claro, lo que plantea la Procuraduría es que Grosso, de la plata que fue entregada por parte del Gobierno a la EPS para la atención médica de millones de afiliados, dispuso para gastarla en asuntos diferentes.
“Con su aparente conducta, Grosso Sandoval transgredió los principios de responsabilidad, eficacia y economía al desviar recursos parafiscales, que como administrador estaba obligado a reinvertir en beneficio de los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, y en lugar de ello usarlos para la compra de bienes”, advierte la delegada para la Economía y Hacienda Pública.
Por su participación y responsabilidad directa en dos escándalos de corrupción que desfalcaron el sistema de salud Grosso -en su calidad de presidente de la EPS Cafesalud- ya recibió en lo corrido de este año dos condenas penales.