Un nuevo capítulo está a punto de escribirse en la extensa investigación por los hechos que rodearon la celebración de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD). En esta oportunidad, podrá citarse a declaración una de las contratistas recomendadas por la actual senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú, quien fue señalada directamente por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad, en su matriz de colaboración ante la Fiscalía General.
A la congresista se le señala de entregar varios nombres a Olmedo López una vez se posesionó como director de la UNGRD, para que los nombrara en la entidad. Una de estas personas habría sido Carmen Domilita Iguarán Suárez, quien trabajó durante varios meses como jefa de la Alcaldía de Uribia, en La Guajira. En ese municipio, según han indicado varias fuentes, la congresista del Pacto Histórico tendría una gran influencia.
Iguarán Suárez fue nombrada en la subdirección de conocimiento de la UNGRD, teniendo así participación y conocimiento en el polémico proceso licitatorio para la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable al departamento de la Guajira, entre estos el municipio de Uribia; y que tuvo un valor cercano a los 49 mil millones de pesos.
Desde su primera declaración, Pinilla ha manifestado que la firma de ese millonario contrato tuvo como objetivo beneficiar varias campañas políticas para el Concejo, la Alcaldía y la Gobernación que se celebraron el 29 de octubre de 2023. Entre estas, estaría el apoyo de un candidato para la Alcaldía de Uribia.
Tras conocer las vinculaciones hechas a su nombre, el Movimiento Alternativo Indígena Social (MAIS), del cual Martha Isabel Peralta Epieyu es su presidenta, publicó un comunicado en el que calificó todo como un “taque mediático y sistemático” en contra de la congresista “por las gestiones realizadas, atentando contra su honra, su bien nombre, dignidad, integridad, honor e imagen ante la sociedad”.
“La senadora Martha Peralta como la alcaldesa (de Albania), Nera Robles han demostrado un compromiso inquebrantable con el servicio público y el bienestar de la comunidad, y son personas que se han encargado de investigar y denunciar la corrupción en todo el país con especial énfasis en La Guajira” (sic), señalaron.
En medio de sus más recientes denuncias, el director de la UNGRD, Carlos Carillo, ha señalado que en el municipio de Uribia se habrían presentado hechos irregulares con el contrato de las Ollas Comunitarias que tuvo un valor a los 20 mil millones de pesos y que se habría prestado para pagar favores políticos en la región.
“Todos los caminos conducen a Uribia. El señor Olmedo López se la pasaba allá, pasaba mucho tiempo en Uribia y es bastante clara su relación política con el alcalde”, señaló Carrillo en una entrevista con Noticias Caracol al hacer mención a ese municipio. Para el funcionario, Olmedo López buscó varios votos en esa parte del país asociándose con congresistas y dirigentes políticos “muy poderosos”.
Sneyder Pinilla, quien hace poco recibió protección por parte de la Fiscalía General, le solicitó al magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Farfán, que lo escuche en medio de las investigaciones preliminares que se adelantan contra el presidente del Senado, Iván Name; y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Este lunes rindió, en esta indagación, el actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González quien, siendo director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), sobre los hechos que rodearon la millonaria firma de convenio.
En medio de la diligencia, el abogado Jaime Lombana, que representa al senador Iván Name, manifestó que cuenta con todos los elementos para contrariar lo dicho por Sneyder Pinilla. “Hay otras verdades que esos señores no han dicho”, explicó el abogado al hacer referencia sobre la entrega de un supuesto soborno de 3 mil millones de pesos.