En la tarde de este miércoles, 11 de diciembre, la defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, le pidió a la jueza tercera de control de garantías que “como medida extrema” envíe a la exfuncionaria a una guarnición militar en el marco del proceso que se le adelanta por los hechos de corrupción que permearon a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En su extensa intervención, la defensa de Sandra Ortiz aseguró que la exfuncionaria no cuenta con antecedentes penales, disciplinarios o fiscales. Igualmente, siempre ha estado atenta a los llamados de las autoridades judiciales para aclarar los hechos por los cuales es señalada y presentar sus pruebas.

Sandra Ortiz, en los juzgados de Paloquemao. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Esto pese a las presiones constantes”, indicó el apoderado de Sandra Ortiz al recordar que, cuando se presentó ante la Fiscalía General para rendir su indagatoria, fue presionada para que firmara un principio de oportunidad. Por lo tanto, calificó como “desproporcionada” la solicitud hecha por la delegada del ente investigador.

“Imponiéndole la obligación de recluirse en un centro, sometida a los largos tiempos del avance de un proceso judicial sin volver a su casa, dejar a su hija de 12 años y a su otra hija mayor. Pues para nadie es entendido que aquí, en caso de que se enviara a prisión, se operaría el instituto de la prohibición de sustitución de una medida menos lesiva”, aclaró.

“Lo que mi representada ha tenido que pasar por no aceptar un principio de oportunidad, solamente lo sabe ella y su defensa”, aseveró el jurista al enumerar las vulneraciones al debido proceso que se han presentado en este caso.

En su solicitud, el abogado defensor sostuvo que la Fiscalía no presentó evidencia que sustentara que la exfuncionaria representara un peligro para la sociedad o pudiera obstruir la justicia.

El video del supuesto encuentro clave no superó las pruebas de proporcionalidad que exige la ley. Igualmente, no representa ningún hecho inusual en el mundo de la política.

“En este video, señora juez, Sandra Ortiz, como lo dije, entra a la Casa de Nariño. Saludó a Olmedo López, pero de la visualización de las imágenes no se puede concluir nada diferente a un encuentro entre Sandra y Olmedo, ya que la grabación que mostró la Fiscalía no tiene audio y, por tanto, no es posible conocer de qué hablaron en ese momento”, señaló el abogado.

El video, que fue presentado como la prueba clave del entramado criminal para direccionar contratos en la UNGRD y beneficiar así a un grupo de políticos, fue presentado, según el abogado, sin ningún tipo de contexto.

“Señora juez, pasó por alto la Fiscalía mencionar que los consejos de ministros eran semanales y que desde la posesión de mi representada como consejera hubo más de 40 consejos de ministros, reuniones entre las cuales se encontraba Carlos Ramón González, Sandra Ortiz, Olmedo López, una pluralidad de ministros y hasta el presidente de la República”, explicó.

Por lo que calificó como una “suposición” presentar la grabación de una de las cámaras de seguridad para señalar que se trataba de una conversación entre la consejera para las regiones y el director de la UNGRD. “Sin elemento material probatorio que lo soporte, que nace de la visión subjetiva de la Fiscalía sobre la evidencia recolectada”.

El próximo 18 de diciembre, la jueza tercera de control de garantías de Bogotá definirá si acepta o no la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía y que fue apoyada por la Procuraduría y las víctimas (Contraloría, UNGRD, Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado).