Este miércoles, la jueza tercera de control de garantías decidirá si envía o no a la cárcel a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, procesada por su presunta participación en el escándalo de corrupción que permeó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En la diligencia judicial se deberá definir si se acoge la petición presentada por la Fiscalía General, que pidió una medida privativa de la libertad en centro carcelario contra Sandra Ortiz por considerar que representa un peligro para la sociedad y puede manipular evidencia.
Esta solicitud fue avalada por el delegado de la Procuraduría General y los representantes de las víctimas, entre ellas, la UNGRD, la Contraloría General, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y dos comunidades indígenas de La Guajira.
“Para este fin, eliminar y modificar los mensajes, usar un lenguaje cifrado y transitar por lugares menos concurridos con el que no ser detectada en la comisión del delito son presupuestos objetivos que permiten evidenciar actos de obstrucción a la justicia”, alegó la fiscal en la audiencia del 3 de diciembre.
Por su parte, el defensor de la exfuncionaria, el abogado Oswaldo Medina, pidió que Sandra Ortiz se defienda en libertad en este proceso penal pues no existe ninguna prueba para inferir que puede alterar las pruebas recolectadas y mucho menos ejercer presiones para que los testigos cambien su versión o se retracten.
En la audiencia, celebrada el pasado 10 de diciembre, y durante su intervención que se extendió por ocho horas, el defensor de la exconsejera presidencial cuestionó a la Fiscalía General por darle plena credibilidad a lo dicho por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.
“No hay material probatorio que permita pensar que, efectivamente, Sandra Ortiz es una influenciadora delictiva activa, como lo ha señalado la Fiscalía”, aseveró el profesional del derecho en medio de su argumentación para rechazar la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra la exfuncionaria.
En este caso, vale tener la cuenta que solo hay dos opciones: cárcel o libertad para Sandra Ortiz. Esto debido a que la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema únicamente solicitó la medida de aseguramiento en centro carcelario al considerar que por la gravedad de los delitos y los hechos materia de investigación no cabía la detención domiciliaria ni la libertad condicional, y mucho menos una restricción para salir del país.
Mientras que el abogado de la procesada pidió, solamente, rechazar la solicitud elevada por la delegada del ente investigador y que se le permita enfrentar el proceso en libertad. En ningún momento solicitó la detención domiciliaria o una medida privativa en una guarnición militar.
La Fiscalía General le imputó a la exconsejera presidencial para las regiones los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. De ser hallada culpable, según señaló la fiscal, la exfuncionaria se expone a una condena de 30 años de prisión.
Durante la imputación de cargos se señaló que en octubre de 2023, la entonces consejera presidencial para las regiones fue pieza clave en el entramado criminal que se montó desde el interior de la UNGRD para el desvío de millonarios contratos con el fin de beneficiar a dirigentes políticos, contratistas y particulares.
Ortiz recibió órdenes directas de Carlos Ramón González, quien para entonces era director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), para que se encargara de direccionar las comisiones de varios de los contratos que tenía la UNGRD.
Entre estos, se encontraba una parte del contrato para la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable al departamento de La Guajira y que tuvo un costo de 63 mil millones de pesos. Parte de este dinero tenía que ser enviado a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
El 12 de octubre de 2023, tras una reunión en una suite del Hotel Tequendama en el centro de Bogotá, Sandra Ortiz se reunió con Sneyder Pinilla para fijar la forma en cómo se debían entregar tres mil millones de pesos en efectivo al senador Iván Name.
Para esto, se coordinó la recolección del dinero y el envío en camionetas que hacían parte de su esquema de seguridad, para trasladarse hasta la residencia del senador Name en el norte de Bogotá, cerca al centro comercial Unicentro.
Sandra Ortiz ha rechazado los señalamientos de la Fiscalía General y se ha declarado inocente de los cargos imputados. “Nunca me cogí una moneda de cuero. Soy una mujer que me he hecho a pulso en la política. 25 años tuve que pasar en mi departamento de Boyacá para que llegara una mujer a hacer política. Me ha tocado luchar contra toda la politiquería en mi departamento, contra las estructuras en mi departamento. Me ha tocado con mucho esfuerzo y hoy aquí estoy sentada, llegué a este espacio y estoy al lado del señor presidente”.