En medio de la imputación de cargos hecha el pasado 25 de julio en contra del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), Olmedo López; el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero, la Fiscalía General mencionó en repetidas oportunidades la participación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla en reuniones en las que se discutió el aumento del presupuesto para la unidad.
La fiscal del caso citó varias declaraciones hechas durante sus interrogatorios por Olmedo López y Sneyder Pinilla en contra del ministro Bonilla y varias personas cercanas a él en esos encuentros; así como la existencia de chats para fijar reuniones con la cúpula de la UNGRD y tramitar varios recursos para contratos de obra.
Estos señalamientos generaron que el pasado 18 de julio, la Fiscalía General abriera una investigación preliminar contra el ministro Bonilla; así como al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González.
En días recientes, la defensa del ministro de Hacienda le pidió a la Fiscalía General una serie de pruebas documentales y testimoniales. SEMANA pudo establecer que recientemente, en una diligencia ante un magistrado con función de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá se anexó un documento de la UNGRD para demostrar que tanto Sneyder Pinilla como Olmedo López faltaron a la verdad en sus declaraciones.
El documento hace referencia a las supuestas reuniones que habría sostenido Alejandra Benavides, asesora del Ministro de Hacienda, en la sede de la UNGRD, en Bogotá, entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2023.
“No se evidenció registro de ingreso de la señora María Alejandra Benavides (...) a las instalaciones de la entidad”, señala el documento firmado por la coordinadora del Grupo de Apoyo Logístico.
Esta prueba se suma a la solicitud presentada por la defensa del ministro Bonilla par que se evalúe si los chats que presentaron Sneyder Pinilla y Olmedo López ante la Fiscalía fueron alterados para cambiar la naturaleza de las conversaciones.
Igualmente, pide que se realice un informe de geolocalización para que se establezca si la asesora estuvo reunida con los directivos de la UNGRD, para lo que se pide analizar las fechas y lugares que se han mencionado a lo largo de la investigación.
Ya han sido cuatro las audiencias en la que se ha pedido la legalización de estas evidencias para demostrar que las declaraciones hechas contra Bonilla y sus asesores han sido falaces.
El próximo 31 de agosto, un juez de control de garantías definirá la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía General en contra de Olmedo López, Sneyder Pinilla y el empresario Luis Eduardo López Rosero, conocido como El Pastuso.
Por motivos de seguridad, y ante las amenazas que han recibido, la fiscal del caso le pidió al juez de control de garantías de Bogotá que se establezca una guarnición militar como sitio de reclusión.
La solicitud ya fue apoyada por la Procuraduría General y un grupo de representantes de víctimas. Tanto Pinilla como López están a la espera que se avale un principio de oportunidad.