Todo está listo para que este jueves, a las 8:00 de la mañana, comience la audiencia en la cual la Fiscalía General le imputará cargos al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López, al exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla y el contratista nariñense Luis Eduardo López Rosero por las irregularidades en la celebración de millonarios contratos, entre los que se destaca la compra de 40 carrotanques para el departamento de La Guajira.
López y Pinilla ya pusieron sobre la mesa su plan para continuar colaborando con las autoridades y seguir entregando información que vinculará a otros dirigentes políticos, funcionarios del Gobierno Petro, personas vinculadas con la UNGRD, contratistas y particulares que se habrían visto beneficiados económicamente por la entrega irregular de estos convenios de obra y atención.
En medio de esta situación, SEMANA conoció un derecho de petición presentado ante la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, que pide información sobre las otras líneas de investigación que se han abierto por las declaraciones entregadas por Olmedo López y Sneyder Pinilla; en ellas han sido mencionados directamente Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, y Luis Carlos Barreto, actual subdirector para el manejo de desastres de la UNGRD.
“A la fecha, la señora Sandra Liliana Ortiz Novoa y el señor Luis Carlos Barreto Gantiva están libres y no se les ha requerido judicialmente, para que respondan por estos graves hechos”, señala uno de los apartes del derecho de petición enviado por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia.
Por lo conocido hasta la fecha se advierte que tanto Ortiz como Barreto habrían incurrido en una serie de delitos, entre los que se encuentran concierto para delinquir, concusión, tráfico de influencias de servidor público y tráfico de influencias de particular.
Por esto, solicitó que se proceda a una imputación de cargos en contra de Luis Carlos Barreto y Sandra Ortiz por estos hechos de corrupción. Igualmente, en otro de los apartes, se hace mención a las declaraciones que han vinculado a Jaime Ramírez Cobo, asesor de la Presidencia, y María Alejandra Benavides, asistente del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Estas dos personas, como lo ha revelado en exclusiva SEMANA, han aparecido en varios chats en los que el tema central de conversación era la ejecución de tres contratos de obra en los municipios de Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca).
El entonces subdirector de la UNGRD tuvo largas conversaciones con la asesora del Ministerio de Hacienda y con el asesor presidencial para finiquitar los contratos que tenían recursos reservados.
Los tres contratos
En la información que le compartió el mismo Olmedo López –entonces director de la UNGRD– a Pinilla quedó establecido el objeto de los contratos y los valores de cada uno.
El de Cotorra, en Córdoba, tenía el objetivo de hacer obras de intervención correctiva para la recuperación del sistema integral del drenaje de aguas lluvias entre la conexión con la Ciénaga Grande del Bajó Sinú hasta el casco urbano. Todo esto por un costo de 50 mil millones de pesos.
El contrato de El Salado, en Bolívar, buscaba la construcción de estructuras de contención y mitigación del fenómeno de socavación, erosión y transporte de sedimentos por lluvias en el corregimiento. El convenio tenía un costo de 12.356 millones de pesos.
Por último, en Saravena, Arauca, el contrato de 30 mil millones de pesos tenía como objetivo la construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones sobre el río Bojaba.