Un escrito que le llegó al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez. En el documento se advertía que se habrían pagado sobornos para que el alto tribunal seleccionara una acción de tutela en una disputa entre la Gobernación de Córdoba y la Superintendencia de Sociedades por los cobros del servicio de salud realizados por la IPS Funtierra Rehabilitación.
El magistrado Ibáñez puso de presente que el escrito se hacía mención a “una nota de prensa en un medio” que advertía que para la selección de ese expediente se habría presentado “un pago de soborno y/o aptitudes corruptas”.
“En ningún momento fue, ni podía ser objeto de reconocimiento por parte de la Sala # 12 de Selección. El mismo nunca ingresó al estudio de la Sala porque no cumplió bajo ninguna de las rutas de entrada”. El magistrado Alberto Rojas se declaró impedido para resolver sobre la selección de este expediente, a su turno el magistrado Ibáñez no se declaró impedido porque consideró que no concurrían en él ninguna de las causales legales para separarse del conocimiento del caso y, como consecuencia de ello, aceptó el impedimento de Rojas, lo separó del conocimiento del asunto y decidió excluir el expediente del proceso de selección por cuanto no cumplía los requisitos exigidos.
El caso recuerda lo que ocurrió en 2015 con el entonces presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chajub, quien fue denunciado ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el magistrado Mauricio González Cuervo, por presuntamente haber recibido 500 millones de pesos para presionar la selección de la tutela radicada por Fidupetrol en contra de un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia que le ordenaba el pago de una multa de 22.500 millones de pesos por el desvío de las regalías en el departamento del Casanare.
Pretelt, quien fue declarado indigno por el Senado para seguir en la Corte Constitucional, habría buscado a los magistrados Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva para que la tutela fuera seleccionada y presentada ante la Sala Plena del alto tribunal. La acción judicial, en últimas, no fue aceptada y nunca se debatió de fondo.
En 2019, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a seis años y medio de prisión a Pretelt por su responsabilidad en el delito de concusión, cargo que hace referencia a cuando un funcionario público utiliza su cargo para hacer exigencias a una persona para que pague, contribuya, cobre o haga algo indebido por las funciones que realiza.
El fallo no está ejecutoriado debido a que la defensa de Pretelt presentó un recurso de apelación ante la Sala Especial de Revisión de la Corte Suprema de Justicia. El caso es estudiado en la actualidad después que se rechazaran varias nulidades y recusaciones presentadas por el abogado del condenado.
Debido a que el 20 de diciembre inicia la vacancia judicial, el fallo de segunda instancia se conocería hasta el próximo año.
Desde el inicio del proceso penal el magistrado se ha declarado inocente y ha señalado que todo se debe a una persecución política por su posición en contra de varios puntos del proceso de paz que adelantaba el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC.