La Corte Constitucional acaba de hacer un importante pronunciamiento tras revisar la tutela de una mujer contra el fondo privado de pensiones Protección, esto por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y a la vida en condiciones dignas, al “rehusarse a contabilizar los aportes realizados entre la fecha de estructuración de la enfermedad y la fecha de calificación de la pérdida de capacidad laboral, para efectos del reconocimiento de una pensión de invalidez”.

Según la Corte, Protección vulneró estos derechos fundamentales porque le negaron el reconocimiento de su pensión de invalidez por no acreditar 50 semanas de cotización dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración, y no tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a tal fecha porque se realizaron mientras que estaba incapacitada.

En el expediente conocido por SEMANA, con ponencia de la saliente magistrada Gloria Ortiz, la Corte encontró que en ciertas ocasiones “acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral no era idóneo ni eficaz para proteger los derechos fundamentales de personas en situación de discapacidad que solicitaban el reconocimiento de la pensión de invalidez”.

En concreto, señala el fallo, no era idóneo ni eficaz para proteger los derechos de la accionante, que está en la fase terminal de la enfermedad (cáncer); por esa razón la tutela es procedente como mecanismo definitivo en este caso.

En segundo lugar, que para obtener la pensión de invalidez, el afiliado debe: tener pérdida de capacidad laboral calificada con un porcentaje igual o superior al 50 % y haber cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral.

Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte, precisa el fallo, ha determinado que la invalidez que se agrava progresiva y paulatinamente merece un tratamiento jurídico especial y diferente al que se aplica a los casos ordinarios, que se concreta en la obligación de reconocer esta pensión con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez.

Cabe recordar que la Corte ha fijado tres reglas que deben ser tenidas en cuenta por las Administradoras de Fondos de Pensiones al momento de estudiar la solicitud de reconocimiento del derecho pensional de una persona con una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa. Bajo estas condiciones, las Administradoras de Fondos de Pensiones no pueden desconocer la capacidad residual de personas con este tipo de enfermedades.