Un día todos los colegas de despacho le dicen que se vaya, al otro el fiscal lo pone en la categoría de despojador de tierras, al siguiente los congresistas le niegan una licencia para defenderse, luego la cúpula de la Justicia se reúne de manera extraordinaria para ponerlo contra la pared, después el presidente interrumpe la programación en la televisión para afirmar que quien porte mal hay que sacarle tarjeta roja. ¿Cómo puede llamarse todo esto sino matoneo? Al menos, así lo ve el entorno del magistrado Jorge Pretelt, que estaría siendo sometido a una situación casi escolar frente a sus compañeros y otras cabezas de los poderes públicos, que exigen su renuncia irrevocable. La historia es la siguiente. El 16 de marzo pasado se produjo un hecho inédito en la historia jurídica. La cúpula de la justicia, compuesta por el fiscal Eduardo Montealegre, el presidente de la Corte Suprema Leónidas Bustos, el presidente del Consejo de Estado Rafael Vergara y al presidente de la judicatura Wilson Ruiz Orejuela, le pidió la renuncia al magistrado Jorge Pretelt, en el marco del escándalo que lo rodea por presuntos actos de corrupción. En una carta enviada al togado leída públicamente por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Leónidas Bustos, dice a Pretelt que es necesario que se aleje definitivamente del cargo para no afectar más la administración de justicia. "Cuando las actuaciones de un magistrado se cuestionan seriamente al punto de que ponen en tela de juicio su transparencia y probidad, la Rama Judicial entera se ve impactada negativamente", señaló la misiva. Pues bien. Ahora esa Comisión Interinstitucional seguramente deberá responder ante un representante investigador de la Comisión de Acusaciones de la Cámara porque allí fue interpuesta una denuncia en contra de los integrantes por matoneo contra Pretelt. Así se deprende de la denuncia interpuesta por el abogado Luis Ernesto Correa y conocía por Semana.com. Parece un chiste, pero no lo es. El jurista cita varios artículos del Código Penal y pide que estos altos funcionarios sean investigados por prevaricato, extralimitación de funciones y abuso de función pública. Para probar su tesis Correa señala que "estos funcionarios violaron ley y la Constitución al ejercer funciones que no les corresponde por mandato legal y exigirle la renuncia al ciudadano Jorge Pretelt, so pretexto de ser miembros de la Comisión Interinstitucional e igualmente han incurrido en matoneo y acoso laboral". Para el denunciante los funcionarios están incurriendo en acoso laboral a la luz de la Ley 1010 del 2006 que lo define como " toda conducta persistente ejercida sobre un trabajador que están encaminadas a infundir miedo, intimidación, terror y angustia. A causar perjuicio laboral, generando desmotivación o inducir a la renuncia del afectado". Para el abogado Correa "estas conductas ocasionan vergüenza, incomodidad y problemas de salud en las víctimas. Los chistes, comentarios, burlas directas, señalamientos o saboteo son comportamientos que a menudo pasan por inofensivos, pero pueden ser síntomas de acoso laboral". Con todo y el “acoso” como lo llama el denunciante, Pretelt no ha cedido. Tanto, que no sólo les advirtió a sus compañeros de corporación que no renunciaría y que se debían ir todos, sino que ha asistido a laborar normalmente, pese al mal ambiente que sus ocho compañeros de sala le han hecho. De otro lado, para este jueves Pretelt está citado a la Comisión de Acusaciones para que rinda indagatoria dentro del proceso por el presunto soborno que le pidió al abogado Víctor Pacheco, a cambio de acompañar una tutela de la que Pacheco era doliente en favor de Fidupetrol. El abogado del magistrado solicitó cambiar la fecha para después de Semana Santa.