La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, negará una nulidad planteada por los socios de Granahorrar, entonces Corporación de Ahorro y Vivienda (CAV), con el objetivo de que se les pague cerca de 600.000 millones de pesos que consideran que el Estado les debe por supuestas irregularidades en el proceso de intervención.Semana.com pudo establecer que existe unanimidad entre los magistrados para negar dicha petición de los demandantes. El texto argumenta que el Estado actuó acorde con la ley en el momento de tomar posesión de los activos de la institución financiera dados sus problemas de liquidez. Señala, así mismo, que su intervención tuvo como objetivo salvaguardar los intereses de los usuarios.La historia es esta: en 1998, la CAV Granahorrar tenía una amplia trayectoria y era un jugador principal en el mercado hipotecario. La gran crisis económica a finales de la década de los 90 pegó duramente a muchas familias, que perdieron sus viviendas ante el incremento desmesurado de sus cuotas -en el sistema UPAC- y esto repercutió en varias entidades financieras.Esta situación, junto con otros factores, incidió en que Granahorrar se quedara ilíquida y no pudiera responder por varias de sus obligaciones, tanto con otras instituciones como con el Banco de la República.Varios bancos, con la mediación del gobierno de Andrés Pastrana, negociaron arduamente con Granahorrar para comprar sus activos, lograr recuperar parcialmente las deudas y capitalizar la entidad. Sin embargo, el pan se quemó en la puerta del horno: se rompieron los diálogos y la CAV entró en crisis.Acto seguido, el Gobierno tomó cartas en el asunto y exigió a los socios de Granahorrar la recapitalización de la entidad. El asunto era ya vox populi y los ahorradores, desconfiados, acudieron masivamente a retirar su dinero. Fogafín debió aportar recursos para garantizar los débitos.En vista de que no se habría cumplido con una inyección fresca de capital, la entonces Superintendencia Bancaria asumió el control de Granahorrar, lo que significó la estatización de la CAV.La entidad posteriormente se transformó en banco comercial, fue fusionada con otras instituciones financieras del Estado y, finalmente, en una subasta, fue vendida en el 2005 al BBVA. Para ese entonces, tenía más de 700.000 clientes, contaba con una red de 132 sucursales y presencia en 52 ciudades del país.No obstante, los antiguos accionistas decidieron iniciar un proceso legal para recuperar los activos del banco, al considerar que el Estado actuó ilegalmente al expedir una orden de capitalización debido a que nunca se verificó a ciencia cierta la insolvencia del banco y además sin que se les hubiera notificado de la determinación.En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue negada la demanda al considerar que el Estado actuó de manera legal. Sin embargo, el tema llegó al Consejo de Estado, tribunal que les dio la razón a los socios de Granahorrar al indicar que las decisiones de la Superintendencia Bancaria no estuvieron ajustadas a la ley, puesto que cualquier decisión del Estado de carácter administrativo debe ser notificada a la entidad o persona que corresponda.Así el asunto llegó a revisión de la Corte Constitucional que, con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, tumbó la decisión del Consejo de Estado al señalar que ese alto tribunal no aplicó las normas jurídicas específicas para el sector financiero al momento.La Corte recordó que la decisión de la Superbancaria de tomar posesión de Granahorrar y nombrar una nueva junta directiva no requiere previo aviso puesto que es una medida de carácter preventivo, en aras de salvaguardar los intereses de los usuarios.