En el décimo punto del orden del día para este miércoles 24 de abril se encuentra la discusión frente a la acción de tutela presentada por Carlos Hernán Rodríguez Becerra en contra del fallo del Consejo de Estado que, en marzo de 2023, anuló su elección como Contralor General de la República.
La magistrada ponente Cristina Pardo Scheleinger presentará sus argumentos ante sus compañeros de la Sala Plena de la Corte Constitucional frente a las pretensiones de Rodríguez Becerra que considera que con la nulidad de su elección se le vulneraron varios derechos fundamentales.
Por el momento se ha podido establecer que lo más probable es que este miércoles no se alcance a discutir la tutela, la cual tiene términos suspendidos desde comienzos de este año. Una fuente del alto tribunal le indicó a SEMANA que el debate frente a esta acción judicial es bastante complejo por dos aristas fundamentales: el momento en el que se anuló la elección del Contralor y los derechos fundamentales vulnerados.
El 25 de mayo del 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró nula la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor general y se ordenó al Congreso rehacer todo el proceso de elección. Sin embargo, unas semanas después Rodríguez entuteló la sentencia argumentando que “incurrió en defectos sustantivo, fáctico y orgánico, por lo cual vulneró sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, a acceder a cargos públicos y al acceso efectivo a la administración de justicia”.
En septiembre, el caso llegó al despacho de la magistrada Cristina Pardo, de la Corte Constitucional, y se solicitó información detallada de la participación de Carlos Hernán Rodríguez para la convocatoria de elección a contralor general. Tiempo después el Congreso volvió a habilitar la nueva convocatoria para elegir al jefe del ente de control.
Rodríguez Becerra fue elegido el 18 de agosto de 2022 con 260 votos de los 296 congresistas que estuvieron presentes en la sesión. Sin embargo, inmediatamente su elección fue demandada por la congresista Jennifer Pedraza. El contralor no alcanzó a estar diez meses en su cargo.
En el fallo, de 82 páginas, se advierte que en dicho trámite se desconoció lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución Política, 21 de la Ley 5 de 1992 y 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018, por cuanto, entre otros aspectos, se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación.
“Se presentaron irregularidades graves durante etapas cruciales de su desarrollo, por lo que está demostrado que estuvo viciado por el desconocimiento e infracción de normas superiores”, precisa la decisión judicial. Frente a esta decisión, el Congreso deberá rehacer todo el proceso para elegir a un nuevo contralor general “para lo que resta del período constitucional”.