Por tratarse de información de interés público, y porque Ricardo Roa, exgerente de la campaña del presidente Gustavo Petro, “tiene deberes de reporte, garantía de veracidad y conservación de los datos de ingresos y gastos, y rendición de cuentas”, la Corte Constitucional acaba de ordenar a Roa la entrega de información que le fue requerida mediante derecho de petición.

El asunto tiene que ver con una solicitud de información que realizó el portal La Silla Vacía, no le fue entregada y el caso llegó al alto tribunal que “amparó los derechos de petición y de acceso a la información de la accionante y ordenó al accionado responder una serie de preguntas sobre los gastos de la campaña política, el registro de aquellos y su reporte ante las autoridades electorales”, informaron desde la Corte Constitucional.

La financiación de la campaña a la presidencia de Gustavo Petro ha sido cuestionada. | Foto: 2022 Anadolu Agency

No obstante, en una primera instancia, la solicitud había sido negada por y como respuesta a una tutela que ´presentó luego que le fuera negada la información pedida en el derecho de petición, la declararon improcedente al argumentar que, “el demandado (Ricardo Roa) presta un servicio público. No ejerce funciones públicas o actividades que comprometan el interés general y no ostenta una posición que someta a la accionante a una situación de indefensión o subordinación. La Sala revocó las decisiones de los jueces de instancia y, en su lugar, amparó los derechos alegados”.

La Corte Constitucional, a través de su Sala de Revisión, revocó las decisiones de los jueces de instancia y, en su lugar, amparó los derechos alegados.

En su decisión, la Corte Constitucional no solo rechazó los argumentos de la defensa de Roa, sino que además aclaró que “la información relacionada con los ingresos y gastos de la campaña electoral que representó involucra directamente el interés público por su importancia para la efectividad de los principios democráticos, como el pluralismo, la participación y la protección del patrimonio público”.

La Corte le puso un término claro al exgerente de la campaña del presidente Petro. Tiene 10 días para emitir una respuesta “de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado”.