El presidente de la Corte Constitucional, Antonio Lizarazo, explicó desde Cúcuta que el alto tribunal retomará en próximos días una de las discusiones más polémicas que está pendiente de definir en el Alto Tribunal: el futuro del aborto en Colombia. Una de las ponencias, la del magistrado Alberto Rojas, de hecho, según pudo establecer SEMANA, propone despenalizarlo por ser discriminatorio.
En este caso, el magistrado Rojas cita por ejemplo un aparte del artículo 122 del código penal que señala que se hace diferencia por temas de género en la comisión del delito.
“Puedo decirles que ya están presentadas las ponencias, yo creería que entre lo que resta del mes de octubre y noviembre se estará tomando una decisión”, confirmó Lizarazo.
En este caso, hay dos ponentes: el propio Lizarazo y Alberto Rojas Ríos. El primero explicó, en el marco del encuentro de la Jurisdicción, que es uno de los temas claves que el alto tribunal espera resolver teniendo en cuenta la cantidad de conceptos y opiniones que genera en diversos sectores.
En el caso de Lizarazo, su ponencia ya está radicada y está pendiente de ser radicada la del magistrado Alberto Rojas Ríos.
El pasado 15 de febrero, la Corte Constitucional envió a la Procuraduría los conceptos especializados allegados al proceso de constitucionalidad D-13956. El Ministerio Público reiteró la solicitud de inhibición del 14 de diciembre de 2020, al considerar que la determinación de la política de Estado en materia criminal y, en especial, sobre la penalización de aborto, se encuentra en cabeza del Legislativo.
En este momento, existen al menos 52 solicitudes (sumando las que han llegado a los despachos de los magistrados Antonio Lizarazo y Alberto Rojas Ríos) en las que se pide una audiencia pública para discutir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, un tema que sigue generando opiniones divididas en el país.
A las mujeres colombianas se les está permitido abortar si se encuentran en alguna de las tres causales estipuladas por la jurisprudencia: la primera, cuando exista peligro para la salud mental o física de la mujer; la segunda, cuando exista grave malformación del feto; por último, en casos de violación.
Uno de los argumentos entre quienes están a favor del aborto, está el Movimiento Causa Justa, quienes a partir de investigaciones y estudios, concluyeron que existen barreras estructurales que aún impiden que a las mujeres se les practique un aborto seguro a pesar de que estén amparadas por alguna de las tres causales.
Por ejemplo, encontraron que la falta de conocimiento legal, la interpretación restrictiva de las normas y las fallas en la prestación del servicio de salud son realidades reinantes en Colombia y que se ven seriamente ahondadas por el hecho de que el aborto sea considerado un delito y se mantenga en el Código Penal.
Básicamente, si el aborto continúa siendo tipificado, así sea parcialmente, es altamente probable que las mujeres no puedan acceder a él.
Registros demuestran que de 910 mujeres denunciadas por el delito de aborto, el 29,77 por ciento está en los registros del ente de control por haber sido víctimas de algún delito. De este porcentaje, 30 por ciento sufrieron violencia intrafamiliar, 26 por ciento lesiones personales y 11 por ciento delitos sexuales.
Con respecto a los profesionales de la salud que llevan a cabo estos procedimientos, la demanda resalta el riesgo que corren frente a las autoridades judiciales si se considera que lo hicieron por fuera de las tres causales estipuladas —interpretadas usualmente de forma conservadora y poco amplia— y las posibles penas de cárcel a las que se exponen. Su licencia médica también estaría en juego. Adicionalmente, revela que desde su formación académica, remontándose a los años de su pregrado, a estas personas no se les enseña cómo lidiar con pacientes que desean abortar.