Hace apenas unas semanas se anunció en Estados Unidos que el presidente Donald Trump había nominado a Neil Gorsuch para reemplazar a Antonin Scalia en la Corte Suprema. Esta postulación no implicaría un giro en las mayorías de ese organismo, pues ambos son conservadores, pero sí les mostró a los norteamericanos la posibilidad de que en pocos años esa institución pueda sufrir profundos cambios, pues otros dos magistrados nominados por presidentes demócratas tienen una edad muy avanzada (Ruth Ginsburg, 83 y Stephen Breyer, 78), por lo que Trump también nominaría a sus reemplazos. Se anticipa que esta situación y la influencia de líderes ultraconservadores como el vicepresidente Mike Pence harán que se revisen las tesis que han permitido el aborto, la eutanasia o el matrimonio entre parejas del mismo sexo en ese país. Por eso, la selección de esos nuevos magistrados es uno de los debates que hoy más trasnocha a Estados Unidos.En Colombia, casi sin ningún reflector encima, la Corte Constitucional atraviesa por un verdadero cambio extremo, cuyas consecuencias determinarán el rumbo del país en los próximos años. En solo dos meses habrá cinco magistrados nuevos de los nueve que la conforman, lo cual cambiará las mayorías de ese organismo. En manos de quienes lleguen quedarán temas estructurales pendientes de fallar: toda la implementación del proceso de paz, la reforma tributaria, el derecho a adoptar niños por parte de las parejas del mismo sexo (si avanza el referendo de Viviane Morales), la política minera, entre muchos otros asuntos fundamentales para Colombia.El cambio ya comenzó. El primero de los nuevos magistrados en llegar fue Antonio José Lizarazo, quien se posesionó hace dos semanas en reemplazo de Gabriel Eduardo Mendoza. En este caso el giro es visible, pues Lizarazo es liberal, viene del mundo político y es gavirista. Mendoza, en cambio, tenía bajo perfil, es conservador y durante sus ocho años mantuvo esa línea en sus decisiones.Puede leer: Corte Constitucional se quedará sin magistradosOtros dos magistrados saldrán la próxima semana, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas, ambos ternados por la Corte Suprema de Justicia, y quienes tuvieron siempre una postura liberal. Y en este caso, en las ternas de sus reemplazos quienes más podrían tener chance son conservadores como el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Wilson Ruiz o la exprocuradora encargada Martha Castañeda.Finalmente, en los primeros días de abril termina el periodo de dos magistrados designados por el presidente: María Victoria Calle y Jorge Pretelt (de cuyo despacho se encuentra encargado Aquiles Arrieta). Se rumora que para uno de esos dos cargos Juan Manuel Santos presentaría una terna de mujeres encabezada por la secretaria jurídica de la Presidencia, Cristina Pardo, y han comenzado a sonar otros nombres como Catalina Botero, Martín Carrizosa, María Margarita Zuleta y Antonio Aljure. En ese nuevo escenario, por primera vez en siete años el presidente podrá tener tres magistrados postulados por él en la Corte Constitucional, lo cual le dará mayor tranquilidad al gobierno. Durante los primeros años no tuvo ninguno y desde 2015 el único que llegó con su bendición fue Alejandro Linares.Sugerimos: Corte Constitucional avala ‘fast track‘Este incierto panorama coincide con que nunca antes la Corte Constitucional había tenido una misión más trascendental para el país. El acuerdo de paz le ha delegado la función de revisar automáticamente todas las leyes que se hagan por la vía rápida o fast track. En desarrollo de esta tarea, la corte podrá incluso tumbar o dar interpretaciones especiales a normas estructurales como la amnistía o la Jurisdicción Especial para la Paz, lo cual no sería exótico, pues ya lo ha hecho en varias ocasiones en el pasado.En 2006, al revisar la Ley de Justicia y Paz, la corte tumbó la posibilidad de que el concierto para delinquir pudiera considerarse un delito político y con ello impidió otorgar amnistías a los desmovilizados solo acusados de pertenecer a las autodefensas. Para superar esta situación, el gobierno de Álvaro Uribe impulsó en el Congreso la Ley 1312 de 2009, la cual permitía aplicar el principio de oportunidad en el proceso de justicia y paz. Sin embargo, la Corte Constitucional nuevamente declaró inexequible esta norma. Esas dos sentencias cambiaron el rumbo de ese proceso.Recomendamos: Tensión en el capitolio: Corte Suprema pone su lupa en el caso OdebrechtPero no solo se trata de la paz. La corte puede ser el organismo que más incide hoy en el desarrollo económico del país, desafortunadamente en forma negativa. Tanto que en los últimos años algunos la han criticado mucho por lo que consideran un “activismo judicial”. Varios de estos fallos tienen nobles propósitos, pero son impagables o ponen en riesgo la estabilidad fiscal del país y afectan otros sectores vulnerables. En la Corte Constitucional se falla en Cundinamarca con pretensiones de tener el presupuesto de Dinamarca. Por ejemplo, en el caso de las pensiones a las madres comunitarias, la aplicación exacta de la sentencia habría quebrado al ICBF. Lo mismo pasa con los temas relacionados con infraestructura, la minería y los hidrocarburos que, aunque están fundamentados en la importante protección de los recursos naturales, tienen a ambos sectores en jaque. Por la corte pasan todos esos temas y en este momento se estudian demandas contra uno fundamental: la reforma tributaria.Y no menos importante será el control automático del referendo que Viviane Morales tramita en el Congreso, en caso de ser aprobado. La senadora quiere convocar al pueblo para que en las urnas decida si los niños abandonados deberían ser adoptados solo por parejas conformadas por un papá y una mamá, un tema que goza de un amplio respaldo popular. Aunque se anticipaba que podría considerarse inconstitucional pues en varias sentencias se ha señalado que no se puede hacer un referendo sobre los derechos de los ciudadanos, esa decisión también quedará en manos de los que lleguen.En relación con la paz, se puede predecir que el apoyo al proceso en la nueva corte cuenta con una amplia mayoría, pues tres de los cuatro magistrados que permanecen (Alberto Rojas, Gloria Ortiz y Alejandro Linares) han apoyado ampliamente estos temas. A ellos se sumaría Antonio José Lizarazo (elegido con el apoyo de la Unidad Nacional) y los dos ternados por el presidente. Así, habría una mayoría de mínimo seis votos, suficientes para apoyar cualquier iniciativa.En los temas ideológicos, como los relacionados con el aborto, la eutanasia, el matrimonio y la adopción de parejas del mismo sexo, la situación es muy similar, pues la mayoría de los magistrados tienen posiciones liberales. De la terna del presidente podría llegar Cristina Pardo, hasta hace pocos días secretaria jurídica de palacio, quien tiene una posición más conservadora. En ese escenario, al contrario de lo que sucede en Estados Unidos, es probable que de la corte puedan salir decisiones progresistas como permitir el aborto libre en el primer trimestre, ampliar los casos en los que se puede practicar eutanasia y avanzar en los derechos de la población LGTBI.Finalmente en el campo político el presidente tiene un apoyo asegurado en los próximos años. Ternará tres magistrados (Alejandro Linares y los dos que le faltan), Antonio José Lizarazo salió elegido con el apoyo del gobierno y Alberto Rojas es liberal y se ha mostrado muy cercano a las tesis de Santos. Además, los votos mayoritarios de la Unidad Nacional elegirán a los dos magistrados correspondientes a las ternas que envía la Corte Suprema de Justicia.Sugerimos: Los tentáculos de OdebrechLas próximas semanas serán definitivas y merecen que el país les ponga todos los reflectores. Las facultades de derecho y organizaciones de la sociedad civil como la Corporación Excelencia en la Justicia y Dejusticia han llamado para poner una lupa sobre este proceso. En los últimos años se ha hecho evidente la necesidad de recuperar el prestigio y la confianza en la justicia, y no cabe duda de que elegir a los mejores es la principal vía para ese propósito.