La anunciada eliminación del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) está a punto de caerse en la Corte Constitucional. Semana.com estableció que ocho magistrados de ese alto tribunal están dispuestos a apoyar la continuidad de esa alta corte, que estaba ad portas de ser suprimida por la reforma constitucional al equilibrio de poderes.Únicamente el magistrado Alejandro Linares está de acuerdo con la eliminación del Consejo Superior y su reemplazo por un Consejo de Gobierno Judicial y una Comisión de Disciplina Judicial.En julio del año pasado la administración Santos logró conquistar en el Congreso una reforma judicial que persiguió infructuosamente desde el primer período del hoy presidente de la República.A través del proyecto de equilibrio de poderes, que inicialmente estaba motivado por la eliminación de la reelección presidencial, el Gobierno logró conquistar un viejo objetivo que le había sido esquivo por años: eliminar el Consejo Superior de la Judicatura.Gracias a esa reforma constitucional, que empezó a regir desde el 2 de julio del 2015, la ya no tan querida entidad tendría sus días contados, pues se esperaba que en diciembre del mismo año desapareciera su Sala Administrativa, justo cuando terminara de ser conformado el Consejo de Gobierno Judicial.En el curso del 2016, una vez tramitada la ley estatutaria que reglamenta este acto legislativo, la Comisión de Disciplina Judicial asumiría las funciones de la Sala Disciplinaria.Ni una cosa ni la otra ocurrieron. La suspensión por orden judicial de los miembros del Consejo de Gobierno y la inactividad del Congreso les permitieron a las dos salas del Consejo Superior seguir operando y ahora con el anhelo de hacerlo permanentemente.Esa aspiración con continuidad en el tiempo se podría concretar gracias a una ponencia del magistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero que propone declarar inexequibles las normas que imponen la supresión de la atacada entidad y les dan vida jurídica a sus reemplazantes.La mejor noticia para quienes laboran en el Consejo Superior de la Judicatura es que, según fuentes del tribunal constitucional consultadas por este portal, esa ponencia está siendo apoyada por una abrumadora votación de ocho a uno.Para la postura vencedora en la Corte, una reforma constitucional que elimina instituciones que nacieron con la Carta Política del 91 la sustituye, lo que implicaría que este y otros estamentos sólo pueden ser suprimidos a través de una asamblea nacional constituyente.La misma suerte correría la demanda que interpuso el fiscal Eduardo Montealegre contra el Tribunal de Aforados, que reemplazaría la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, y contra la Comisión que reemplazaría al Consejo.Aun cuando el ponente de esa acción, el magistrado Alejandro Linares, propone declarar constitucionales las dos normas, sus compañeros no estarían dispuestos a apoyar esa tesis si eso supone afectar la continuidad del CSJ.En definitiva, tanto en la primera como en la segunda acción de inconstitucionalidad, ocho de los nueve magistrados están dispuestos a permitir que el CSJ siga operando como órgano administrador de la rama y como juez disciplinario de los abogados del país.Con ese panorama, los funcionarios de la otrora moribunda entidad ya se sienten casi del otro lado. Mientras tanto, en el Gobierno están encendidas las alarmas, pues sería la segunda vez que se le quema el pan en la puerta del horno, como le ocurrió en ese bochornoso episodio en el cual el propio presidente se vio obligado a llamar a su bancada para que hundiera su propio proyecto de reforma judicial en el convulso 2012.