Guatemala había puesto fin de manera unilateral a la CICIG, la comisión de Naciones Unidas que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno. Sin embargo, durante una sesión plenaria, la Corte de Constitucionalidad decidió echar para atrás esa decisión. La CC otorgó mediante un fallo un amparo provisional frente a las acciones promovidas por varias personas e instituciones para frenar la decisión tomada por el presidente Jimmy Morales. El fallo tuvo la aprovación de cuatro de los cinco magistrados de la corte, mientras que la magistrada Presidenta, Dina Ochoa Escribá, presentó voto razonado disidente. La crisis que desató la expulsión de la misión se agudizó con la retención el pasado fin de semana de Yilen Osorio, un integrante de la Misión Anticorrupción contra la Impunidad en Guatemala y finalmente detonó con la expulsión de su equipo de casi 60 personas. El investigador Yilen Osorio logró ingresar al país después de varias horas, ya que en contra de la disposición que impedía su ingreso por seguridad y orden público, había una decisión de la Corte de Constitucionalidad. Duró varias horas retenido, pero al final la misma Fiscalía General en cabeza de Consuelo Porras pidió su ingreso, ya que la máxima instancia judicial otorgó visas de cortesía para una decena de miembros de la Comisión a las que se las habían revocado. En contexto: Gobierno de Guatemala expulsa a la misión de la ONU liderada por Iván Velásquez La orden de la Fiscalía llegó con la advertencia de que oponerse a cumplirla podría acarrear deteniciones para los agentes, lo que en efecto ocurrió. El caso desató tensión política al punto que la canciller guatemalteca al término de una reunión con el Secretario General de la ONU, António Guterres, puso fin a la misión en cuestión de horas. Pero esa decisión fue controvertida por la Corte de Constitucionalidad quien resolvió dejar en suspenso la decisión emitida por las autoridades de Guatemala. Además, a través del fallo, exhortó a las autoridades para que instruyan a los funcionarios y empleados de las dependencias a su cargo para que faciliten el debido funcionamiento de la CICIG. Por el momento, es es incierto si el Gobierno acatará esta orden o la desconocerá. Lo cierto es que la ONU había pedido respeto por los compromisos internacionales adquiridos desde el 2007 y que tienen mandato hasta septiembre. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es un mecanismo independiente que fue integrado en el 2007 por el Gobierno y la ONU para destapar la corrupción en las altas esferas del Estado. El liderazgo lo asumió el ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, el colombiano Iván Velásquez.