El panorama que plasmó la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la medida de aseguramiento contra el senador Musa Besaile dejó claro qué lugar se le está dando a testigos y a implicados en el mapa de la corrupción que sacude a la cúpula de la Justicia. En 34 páginas, los magistrados Luis Hernández, José Luis Barceló y Fernando Castro soportan con pruebas y testimonios el por qué consideran que es “inadmisible, inaudito y exótico” el hecho de que Besaile intente convencer a la corte de que fue extorsionado con una orden de captura en su contra. En cambio, sostienen que se trató de un acto de corrupción que no podía quedar al vaivén de intermediarios sin capacidad real de perturbar con su acción u omisión el trámite del proceso en la Sala Penal. Por eso escaló a un magistrado y a un exmagistrado de esta alta corte."La coacción para pagar una suma de dinero con el fin de detener una decisión judicial es una disculpa inaudita"“Que el caso durmiera el sueño de los justos -como dice Gustavo Moreno- solo se podía garantizar con la indispensable intervención del magistrado Gustavo Malo, amigo de Francisco Ricaurte, quien decidió por fuerza de la desconfianza con la red de intermediarios, pactar directamente con el senador (Musa Besaile) el pago y garantizar lo relativo al éxito de la ilícita gestión”, dice un aparte de la decisión. Varias pruebas permiten concluir que Musa Besaile pagó a un servidor público con el fin de retardar u omitir un acto propio de sus funciones -con lo que se configura un cohecho- y el que lo haya hecho con dinero del Estado le representa un peculado por apropiación. La justificación de esta "asombrosa ilegalidad", como la llama la corte, fue objeto de cuestionamientos en varios apartes de la decisión que concluye que Musa Besaile no es un simple colaborador de la causa criminal: "Es una persona que al mismo nivel de autor se apropió de los dineros públicos solo que sin tener la disponibilidad jurídica de los mismos". "Para evitar su aprehensión y que se profirieran decisiones de ese tipo, decidió pagar una muy importante suma de dinero a través del abogado Luis Gustavo Moreno, entre otros, al magistrado Gustavo Malo Fernández, responsable de esa investigación. De la entrega del dinero no hay duda. Alejandro Lyons, Luis Ignacio Lyons, Luis Gustavo Moreno y el mismo Musa Besaile señalaron que se pagaron $2.000 millones", dice el alto tribunal.En una semana clave para los procesos de Gustavo Malo en la Comisión de Acusaciones, la corte hace claros señalamientos a la responsabilidad que este tendría en el acto de corrupción. Al igual que señala la responsabilidad del exmagistrado Francisco Ricaurte como el coordinador del ilícito. ¿Por qué no es extorsión? La corte asegura que pagar a los jueces es un acto ilegal y desestabilizador de un Estado, lo cual será siempre inaceptable desde cualquier circunstancia y más aun por quien tiene, dada su posición social y política, el deber de acatar las órdenes judiciales y la posibilidad de discutirlas por medios legítimos.En su decisión, pone de ejemplo y le da validez a la versión del exparlamentario Julio Manzur, quien se negó a ese tipo de presiones por parte de Gustavo Moreno y consideró que esa era una opción intolerable. Así las cosas, y a pesar de que aparecía en los audios de la DEA, el alto tribunal da pistas de hacia dónde apuntarán sus conclusiones en el caso Manzur. El documento destaca que existía una relación entre Gustavo Moreno, Luis Ignacio Lyons y Musa Besaile, la cual estaba lejos de ser considerada como fortuita. Al contrario, señala que hubo un "sórdido pacto", producto de una negociación, en donde el exmagistrado Francisco Ricaurte -como amigo de Gustavo Malo- intervino para conferirle cierto toque de seguridad al acuerdo. “El acto de corrupción no se quedó en niveles intermedios porque de lo contrario no se había podido garantizar el cumplimiento de los acuerdos realizados, orientados a paralizar decisiones que afectaran los intereses de Besaile”, dice la corte. Uno de los argumentos de Besaile para justificar la extorsión radica en que Moreno quiso mediante amenazas ser tenido en cuenta en el proceso, e incluso, asumir su defensa en reemplazo de Luis Ignacio Lyons. Sin embargo, la corte asegura que a pesar de que se empecine en negarlo, Besaile no pudo desacreditar que Gustavo Moreno tenía una cercana relación de amistad y de negocios con Luis Ignacio Lyons. De hecho, describe que lo conoció a través de Leonardo Pinilla y le sirvió de fiador en el arrendamiento de su oficina de abogado, como lo demostró con documentos.Aunque Musa Besaile aseguró que los 2.000 millones de pesos que tuvo que pagar fueron un préstamo que vino del empresario José Miguel Ramírez Gómez, la corte le resta credibilidad e importancia a esta versión para calificar el delito de cohecho. Al respecto, precisa que sea cual sea el origen la gravedad del comportamiento de entregar dinero a un funcionario público es la misma. Lo que sí agrava su situación es que haya usado patrimonio estatal para pagar el cohecho. Y en este sentido le da credibilidad a las declaraciones que desde Estados Unidos viene rindiendo el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, a quien le aprobaron un preacuerdo y negocia un principio de oportunidad. Líos para Malo y RicaurteEn la declaración que Gustavo Moreno rindió ante la Corte Suprema, aseguró que Francisco Ricaurte, a quien tenía de compañero de oficina, le comunicó que recibiría una llamada del senador Musa Besaile, de quien tuvo conocimiento podía ser afectado por una orden de captura en un proceso que se tramitaba en la corte. Esta misma situación -dice la corte- había ocurrido frente a otros casos de parlamentarios vinculados con los procesos de parapolítica.Pese a que Ricaurte estimó el cobro en una cifra inferior, luego de consultar con Leonardo Pinilla y con Luis Ignacio Lyons España (abogado de Musa Besaile), Gustavo Moreno sugirió que fueran 2.000 millones de pesos. La corte destaca un aparte de la declaración del abogado que espera su extradición a Estados Unidos en donde explica cómo fue la reacción de Besaile cuando le explicó que no era posible conseguir la preclusión o el inhibitorio, ya que comprometía el voto de toda la Sala. "Besaile se molestó y pidió hablar con Ricaurte: Yo quiero hablar con el dueño del circo y no con los payasos”, dijo.En este orden de ideas, la corte considera que la intervención de Ricaurte fue fundamental en dos sentidos, de un lado por tener relación directa con Gustavo Malo Fernández, de otro, por ser el coordinador del acto de corrupción. “Para nadie es un secreto la amistad asidua con el magistrado titular Gustavo Malo y la información que él tenía de los procesos era porque se le suministraba directamente el doctor Malo", cita la corte de la declaración que rindió Moreno. "Ricaurte asumió la coordinación del acto de corrupción"El plan, según la corte, era que Moreno, actuara como defensor suplente ya que el principal era Luis Ignacio Lyons. Este debía solicitar la práctica de varias pruebas. En el caso de Malo, debía hacer lo necesario para remover al magistrado José Reyes Rodríguez, un funcionario incómodo para esos fines "por su pertinaz empeño en construir una hipótesis que no era grata para los intereses del senador".Según el alto tribunal, si el investigador auxiliar hubiera salido de la corte por el malestar que le generaba a Malo, este no hubiera sacado la excusa de una reingeniería en su despacho para apartarlo. "$ 600 millones a Musa y $ 2.100 para Edwin Besaile" El exgobernador Alejandro Lyons reveló la existencia de un fondo común, alimentado por la corrupción administrativa de Córdoba, de pagos realizados por contratistas como Guillermo Pérez y Éder Pérez (protagonistas del cartel de la hemofilia). Según Lyons, de este dinero recibió 4.000 millones, de los cuales le entregó 600 a Musa Besaile para el tema de la corte y 2.100 para la campaña del nuevo gobernador que reemplazó Edwin Besaile.“Estos episodios develan secretos que solamente podían saber sus artífices y se dieron a conocer gracias a la ambición desmedida de sus protagonistas”A este acuerdo de repartición del dinero se habría llegado luego de reuniones que sostuvo con Musa Besaile -dice Lyons- a las afueras de la Pescadería Jaramillo en el parque de la 93, en Bogotá. Días después también relaciona una reunión en Montería en donde Besaile le pidió 1.000 millones para darle a la corte, pero producto de los acuerdos que tenían se comprometió a darle 600 millones de "corrupción administrativa". “A Musa Besaile le entregaron 600 millones, 400 de los cuales tenía en su casa y 200 que le llevó Sami Spath, persona de confianza que él tenía para transportar dinero en efectivo, con quien procedió a empacar la plata en una tula o bolso”, dice la decisión. Alejandro Lyons -cita la corte- asegura que se acordó comisión por 12.000 millones sobre 80.000 millones en contratos con cargo a la ciencia y tecnología del departamento, sin embargo, por un problema que se presentó con las pólizas y la posterior desaparición de Jairo Zapa (exdirector de regalías) solo se alcanzaron a pagar 1.900 millones. Esta suma "fue entregada por Jesús Henao a Sami Spath, de los cuales entregó 350 millones a Musa Besaile en el mes de marzo del 2014, y le guardé el resto conforme a un acuerdo que teníamos para financiar la próxima campaña a la Gobernación".Según Lyons, de formalizarse la candidatura de Edwin Besaile, se comprometieron a devolverle ese valor al contratista Jesús Henao. Al respecto, la corte revela la existencia de una letra valor por 1.900 millones que corresponde supuestamente al valor que tenían que pagarle a Henao ante la eventualidad de que les pidieran devolver la plata."No cabe duda de que conductas en principio independientes, se conjugan por fuerza o razón de las circunstancias en un solo propósito: desarticular la justicia como esencia del Estado a partir de la previa defraudación de su patrimonio" “Alejandro Lyons reconoce que si bien todos los políticos que lo apoyaron recibieron cuotas burocráticas, fue con el senador Musa Besaile con quien hizo el pacto relacionado con la apropiación ilícita de dineros públicos para garantizar a continuidad de su proyecto político, como en efecto ocurrió, al resultar elegido, como gobernador para el siguiente periodo su hermano Edwin Besaile".Con esta decisión, la corte ordena la medida de aseguramiento contra Musa Besaile, que ahora deberá esperar detenido en la cárcel La Picota de Bogota, la continuación de su proceso.