Con el pago de sumas exorbitantes de dinero el Estado deberá resarcir el daño causado a las familias de los policías víctimas en la toma de Miraflores, en la que fueron secuestrados 140 efectivos de esa institución.Con ponencia de la magistrada Olga Mélida Valle de de La Hoz, el Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de más de 5.900 millones de pesos a 26 uniformados y sus familias, algunas de las cuales no han podido recuperarse aún del drama causado en esos acontecimientos.El 3 de agosto de 1998 el Bloque Oriental de las FARC lanzó uno de los ataques más violentos de los que se tenga noticia en contra de la fuerza pública.Al menos 300 integrantes de ese grupo insurgente atacaron el batallón antinarcóticos del Ejército y la Policía que operaban en zona urbana de esa población del Guaviare.El saldo no pudo ser más trágico. Trece uniformados muertos, cerca de 26 heridos y 140 agentes castrenses secuestrados.Años después, los familiares de los efectivos víctimas del ataque empezaron acudir masivamente a la Justicia, con el fin de que las autoridades reconocieran la responsabilidad patrimonial del Estado en estos hechos, dada la precaria preparación que habían recibido militares y policías que resistieron la arremetida.En el 2008, el Consejo de Estado reconoció por primera vez la responsabilidad de las instituciones en estos hechos. Por eso, condenó al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares, por no haber tomado las suficientes medidas para proteger a la población y los agentes estatales frente a un eventual ataque de la subversión que, finalmente, se produjo.A lo largo de los años siguientes esa alta corte ordenó reparar a las familias de civiles y militares que fueron víctimas de las FARC en esa tenebrosa incursión.Ahora, el Consejo de Estado reconoce que esas mismas instituciones deben reparar a los secuestrados y a sus familias, pues era tan evidente la falta de previsión de las autoridades castrenses frente al ataque, que se probó que muchos de los fusiles y granadas de las que disponían no servían.Pero para ese tribunal la responsabilidad no solo debe ser asumida por las autoridades militares y de Policía. A su juicio, es evidente que la guerrilla incurrió en una violación a las reglas del derecho internacional humanitario.La corporación trajo a colación algunos testimonios que podrían demostrar que los secuestrados fueron sometidos a tratos tan crueles e inhumanos, que habrían sido obligados a consumir vidrio molido.Por eso, la máxima instancia contenciosa administrativa cree que el Gobierno debe conminar a los guerrilleros de las FARC a que ofrezcan excusas públicas a las víctimas del secuestro, algunas de las cuales siguen soportando afecciones sicológicas, como secuela de los tratos que recibieron.