En medio del debate de moción de censura adelantado el pasado 12 de agosto contra la entonces ministra de las TIC Karen Abudinen en la Cámara de Representantes, los congresistas Luvi Katherine Miranda Peña y León Fredy Muñoz Lopera utilizaron en varias oportunidades la palabra “abudinear” para hacer referencia a los 70.000 millones de pesos que se perdieron en el anticipo del contrato entre el ministerio y la Unión Temporal Centros Poblados para la instalación de 7.277 centros digitales para escuelas rurales en 15 departamentos.
Tras el debate, la ministra presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia en contra de los dos representantes de la Alianza Verde por los delitos de fraude procesal, injuria y calumnia. Esto al considerar que se quería utilizar su apellido como sinónimo de robo o de una actividad ilegal.
En la acción judicial se citaron varios trinos publicados en sus cuentas personales por parte de Miranda y Muñoz para promover la palabra “abudinear” y seguir con el presunto acoso a la entonces ministra después de que estallara el escándalo por el multimillonario anticipo.
“(...) el haber utilizado en las redes sociales el apellido de la exministra para significar la realización de ‘manera generalizada’ y ‘sistemática’, de conducta al margen de la ley como, por ejemplo: #LaPalabraDelAñoEs ABUDINEAR por demostrar como la clase política normaliza la corrupción y se burla de frente de la ciudadanía”, precisa la denuncia radicada por Abudinen.
En el mismo debate de moción de censura, señala la ahora exministra, los dos congresistas hicieron acusaciones calumniosas y falsas sobre la celebración y puesta en marcha del millonario contrato, esto con el fin de afectar su integridad profesional y su trabajo en el Ministerio.
“(...) utilizaron pruebas inexistentes para ‘crear una situación fáctica engañosa’ e inducir a pleno de la Cámara de Representantes en error para que votara afirmativamente la moción de censura”, denunció Abudinen al hacer referencia a los señalamientos hechos por Miranda y Muñoz.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia les notificó el pasado 14 de diciembre a los dos congresistas la apertura de una investigación preliminar. El despacho del magistrado Héctor Javier Alarcón ordenó la práctica de pruebas con el fin de determinar si existen méritos para abrir una investigación formal.
El pasado 3 de noviembre la exministra de las TIC declaró ante la Corte Suprema de Justicia declaró en el marco de la investigación que se adelantaba contra cuatro congresistas por presuntamente interferir en la audiencia que tenía como objeto revocar el billonario contrato firmado entre el Ministerio y la Centros Poblados.
“Fui yo como ministra quien caducó el contrato, quien hizo los embargos y quien denunció y espero que paguen las personas que tengan que pagar”, señaló Abudinen al recordar que ella citó la revocatoria del contrato al darse cuenta de los incumplimientos en la compra de equipos y la instalación de los centros digitales.
Señaló que la Unión Temporal Centros Poblados engañó con la presentación de documentos falsos a los funcionarios del Ministerio encargados de adelantar el proceso de licitación. Cuando tomó la decisión de revocar el contrato por las demoras aseguró que recibió varias llamadas de congresistas para suspender la audiencia.
Por los actos de corrupción se encuentran actualmente vinculados los contratistas Emilio Tapia, Juan José Laverde, representantes de la Unión Temporal Centros Poblados.
El fiscal General, Francisco Barbosa aseguró que la próxima semana se adelantará una nueva imputación de cargos contra cuatro implicados en este caso.