La Corte Constitucional le hizo un fuerte llamado de atención a Fiscalía General de la Nación, específicamente a la Unidad Especial de Investigación (UEI), para que avance rápidamente en las investigaciones que esclarezcan los crímenes de los que son víctimas los exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc, que firmaron el Acuerdo de Paz.
El alto tribunal explicó que, previamente, en una sentencia se habían amparado los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad de las personas firmantes del acuerdo. Desde ese momento, según señaló, se ha hecho un seguimiento de las órdenes para superar la vulneración de derechos hacia estos individuos.
En ese sentido, la Corte documentó y sistematizó múltiples hechos victimizantes y afectaciones en contra de la población firmante, los cuales dan cuenta de la desprotección que experimentan todavía estos excombatientes. Estas situaciones son conocidas con base en la información que envían diversos actores, así como por la búsqueda de distintas fuentes públicas.
Asimismo, también indicó que es una “importante labor de memoria histórica para resaltar y nombrar —una vez más— la grave situación de riesgo y de daños consumados en la que se encuentra la población objeto de este estado de cosas inconstitucional”.
En este caso, el tribunal expresó que los hechos que han sido documentados también son conductas punibles en muchas de las cuales ya se les ha quitado el derecho a la vida a los excombatientes.
Por lo anterior, la Corte instó a la Fiscalía que, en caso de no haberlo hecho, adopte las medidas necesarias para impulsar la investigación y judicialización de las personas pertenecientes a estructuras y organizaciones criminales que han estado detrás de los crímenes contra los firmantes del Acuerdo de Paz.
Por otra parte, también le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) revisar las condiciones de riesgo a las que se exponen los exmiembros de las Farc-EP que hacían parte del Bloque Sur y que son comparecientes ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“La UNP debe adoptar e implementar sin dilaciones las medidas individuales y colectivas para garantizarles las condiciones para comparecer de forma segura ante el sistema de justicia transicional y entregar la información que le permita a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP actualizar el Sistema de Registro de Afectaciones a Comparecientes (SIRECOM)”, dijo el tribunal.
Adicionalmente, le solicitó a la Agencia para la Reincorporación y Normalización, y a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz informar sobre cuál es la situación actual de los firmantes que fueron desplazados del municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta.
Finalmente, les pidió a estas entidades presentar los planes, cronogramas y mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos de las autoridades para atender la situación de seguridad y reubicación en condiciones dignas de estas personas.
La Procuraduría General de la Nación será la entidad encargada de verificar el cumplimiento de cada una de las órdenes dadas por la Corte Constitucional, para lo cual deberá entregar informes periódicos.
Y es que la situación en materia de seguridad no es fácil para los firmantes del Acuerdo de Paz, pues según cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el 2023 han sido asesinados 28 exmiembros de las extintas Farc y desde la firma del Acuerdo de Paz esa cifra asciende a 384 personas.
El más reciente asesinato se registró en el municipio de Santa Bárbara, en el departamento de Nariño, donde fue encontrado el cuerpo si vida de Neftalí Orobio Venté, quien realizaba actualmente su proceso de reincorporación.