La Corte Suprema de Justicia dio a conocer la terna de la que se elegirá al próximo auditor o auditora general de la Nación.
Como ya lo había anticipado SEMANA, los magistrados se inclinaron por ternar a dos mujeres, sin embargo, no todo son buenas noticias, pues uno de los nombres que suena fuerte es el de María Anayme Barón Durán, a quien en enero pasado la Procuraduría General de la Nación le formuló cargos por presuntas irregularidades en la compra de un lote para construir un parque científico, tecnológico y de innovación del sector minero-energético.
Para la época de los hechos, entre 2012 y 2015, María Anayme Barón Durán se desempeñaba como secretaria de Hacienda y delegada para la contratación del departamento de Boyacá.
De acuerdo con la investigación adelantada por el Ministerio Público, los estudios de prefactibilidad y el plan maestro para la construcción del parque, recomendaron adquirir el lote en el municipio de Tópaga, incluyendo la ubicación exacta del terreno, de 32.200 metros cuadrados, y un diseño preliminar de las instalaciones físicas que lo conformarían. La Gobernación de Boyacá contrató un experto de Asolonjas para la elaboración del avalúo comercial, que arrojó un precio de 1.518 millones de pesos.
El lote fue comprado y pagado al final del período gubernamental año 2015, comprometiendo además recursos de la vigencia 2016, y tan solo en el 2017, cuando funcionarios de la nueva administración, adscritos a las Secretarías de Minas e Infraestructura hicieron una visita técnica de reconocimiento, encontraron una serie de irregularidades como, existencia de una vía que lo atraviesa, riachuelos que lo recorren, terreno con cárcavas que lo mantienen anegado, y algunas explotaciones mineras con títulos vigentes. Adicionalmente sin la certeza sobre sus verdaderos linderos.
Además, el precio pagado resultó mucho mayor que el real, un lote que debió costar cerca de 427 millones de pesos, casi cuadriplicó su precio.
El otro ternado por la Corte es el del exsecretario general de la Personería Carlos Silgado, quien es cuestionado por haber sido mano derecha del excontralor de Bogotá Miguel Ángel Morales Russi, uno de los condenados en el escándalo del Carrusel de Contratación de la capital del país.
Silgado también se ha desempeñado como gerente y representante legal de SH Constructores SAS, asesor de la Autoridad Nacional de Televisión y subdirector de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de la Contraloría de Bogotá. También trabajó como abogado de la Notaría 72 del Círculo de Bogotá, secretario general y jurídico de Corabastos, jefe de la Oficina Jurídica y juez ejecutor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, asesor de la Gobernación de Cundinamarca y auxiliar de la Corte Constitucional.
La otra mujer de la terna es Patricia Duque Cruz, quien se ha desempeñado como directora de división de la Contraloría de Bogotá, personera local de la Personería de Bogotá, subdirectora administrativa y financiera del Concejo de Bogotá y asesora de despacho del IDRD. Fue superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y asesora de la Contraloría de Bogotá.
El remplazo de la actual auditora Alma Carmenza Erazo Montenegro
La convocatoria para los aspirantes al cargo de auditor general de la nación estuvo abierta entre el martes 2 de mayo a las 5:00 p. m. y el lunes 15 de mayo y, a partir del 18 de julio, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia escuchó una a una las intervenciones de los 21 aspirantes admitidos para elegir entre ellos a la terna que se enviará al Consejo de Estado.
Entre los 21 aspirantes se encontraba también el abogado constitucionalista Germán Calderón España, Javier Alfonso Alba Grimaldos, exalcalde de la localidad de Bosa en Bogotá y el actual personero de Cali Harold Andrés Cortés Laverde.
Para ser elegido auditor general de la República, la ley establece que se debe ser mayor de 35 años y contar con título universitario en ciencias jurídicas, económicas, humanas financieras, administrativas o contables, así como experiencia profesional no menor a cinco años o como docente universitario por el mismo tiempo.
No podrá ser elegido auditor general quien sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo público alguno, salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes.