Por improcedente fue rechazada la tutela presentada por el Tribunal de Sabios Ancestrales de Justicia Indígena del Pueblo Zenú, que reclamaba conocer el expediente contra Alberto Alonso Jaramillo Ramírez, quien fue capturado el pasado 3 de febrero junto a Álvaro Córdoba Ruiz y Libia Amanda Palacio. En la acción judicial se manifestaba que al ser integrante de su comunidad, ellos tenían la responsabilidad de judicializarlo y sentenciarlo, bajo sus normas, por los delitos de narcotráfico.
Sin embargo, al considerar que la tutela no fue clara y no se evidenció la vinculación de Jaramillo Ramírez al pueblo zenú, ubicado en el corregimiento de La Dorada, San José del Uré (Córdoba), se tomó la decisión de no aceptar las pretensiones. A finales del mes de noviembre, los representantes del Tribunal de Sabios de la comunidad sostuvieron un encuentro con Jaramillo en la cárcel La Picota, de Bogotá.
En dicho encuentro se le hizo saber que existía un proceso pendiente en su contra en la jurisdicción indígena por el que debía responder. Teniendo en cuenta la gravedad de su conducta, se le puso sobre la mesa el castigo que recibiría por haber actuado en contra de la comunidad. Incluso, se pedía su traslado al Centro Alternativo y de Reflexión Espiritual Indígena para el desarrollo del juicio en su contra.
Con esta decisión se reanuda el estudio de la solicitud de extradición contra Jaramillo, quien era conocido con el sobrenombre de Héctor, y es requerido por una Corte del Distrito de Nueva York por delitos relacionados con el tráfico de drogas, tráfico de drogas ilícitas, armas de fuego y concierto para delinquir. El hombre se encuentra actualmente en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá.
Por estos hechos la Corte Suprema ya avaló la extradición de Álvaro Córdoba Ruiz y Libia Amanda Palacio. En el expediente se señala que la organización liderada por Álvaro Córdoba Ruiz se encargaba de conseguir la droga con el jefe de las disidencias de las Farc en el sur de Colombia, Miguel Botache Santilla, alias Gentil Duarte, con quien había establecido contactos desde hace más de un año. Las autoridades indicaron que había asistido a reuniones para pactar negocios ilícitos entre Bogotá y la capital de Antioquia.
Cuando se concretaba la compra de cocaína, las disidencias de Gentil Duarte se comprometían a llevar la mercancía hasta el Pacífico en tres puntos clave: Tumaco (Nariño), Cauca y Buenaventura (Valle). Durante meses, Álvaro Córdoba manejó un bajo perfil que le facilitó hacer los negocios en lugares discretos y de forma personal. Únicamente hablaba por teléfono para concretar los encuentros.
En la investigación se concretó que Córdoba también se comprometía con el suministro de armas y explosivos para las disidencias de Gentil Duarte, grupo que enfrenta una guerra a muerte en los departamentos de Arauca y Nariño con la Nueva Marquetalia que comandante Iván Márquez.
En el indictment (escrito de acusación) de la Corte de Estados Unidos se citan interceptaciones telefónicas y seguimientos en los que se identificó su modus operandi. “Desde al menos julio de 2021 o alrededor de esa fecha, hasta e inclusive febrero de 2022, en un delito que fue iniciado y cometido fuera de la jurisdicción de Estados o Distrito de Estados Unidos –incluyendo en Colombia, Venezuela y en otras artes-”.
Para las autoridades de los Estados Unidos, Córdoba y otras dos personas se concertaron para traficar droga “dentro de una distancia de 12 millas de la costa de (los) Estados Unidos, y elaborar, distribuir y poseer para distribuir a bordo de una aeronave matriculada en EE. UU.”.