Este jueves, cuando 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia celebren su primer encuentro de 2020, la crisis en este tribunal llegará a un punto de no retorno. El actual presidente de la corporación, Álvaro García Restrepo, deberá dejar esta dignidad y la escogencia de su sucesor se someterá a votación. Este asunto –que por reglamento debe ser lo primero en el orden del día– detonará el desplome definitivo de la autonomía del máximo tribunal. Las fisuras comenzaron a asomar desde el 11 de diciembre de 2018, cuando el Consejo Superior de la Judicatura publicó cuatro listas de aspirantes a ocupar igual número de vacantes en el tribunal de cierre. Los meses pasaron, otros magistrados dejaron la corte, y la falta de consensos llevó a que de los 23 magistrados reglamentarios quedaran solo 16.
Esta cifra constituye a su vez la mínima votación exigida para tomar decisiones cruciales, como reemplazar a los siete magistrados que faltan o elegir a un fiscal general en propiedad. Con una arista adicional: el 28 de febrero saldrá de la corte por periodo cumplido el magistrado Ariel Salazar, lo que significa que el tribunal se quedará sin quórum y perderá la posibilidad de recuperarse mediante las reglas institucionales conocidas. La explicación al prolongado bloqueo interno de la corte es conocida. A quienes aspiran a conseguir consensos se les atraviesan los que prefieren mantener el control de las mayorías en la corporación o van tras la torta burocrática. Por todo eso, la coyuntura de la elección del próximo fiscal, que controla 22.000 cargos, añade fuego a la dramática situación.
Históricamente, la corte ha sorteado la situación mediante acuerdos previos entre las salas (Civil, Laboral y Penal) para presentar a sus candidatos de preferencia que los demás respalden. Pero, este año, todos los intentos han sido torpedeados con votaciones en blanco. En la Sala Penal han llegado a hablar hasta de traición, pues hay un puñado de candidatos que alcanzan votos en Sala Plena (hasta siete) sin que nadie asuma de frente su respaldo. Esta particularidad preocupa porque entre los nombres hay aspirantes con pasado oscuro. Antes del cierre del año, los magistrados quemaron las últimas cartas para superar la crisis. Propusieron el voto público, barajaron nuevos candidatos para las salas, y el presidente Duque aceleró el envío de la terna a pesar de su manifiesta reticencia a quemar sus alfiles en una elección bloqueada. Pero nada funcionó para evitar el próximo desenlace. Costeños vs. Paisas
El actual vicepresidente de la corte, el cordobés Jorge Luis Quiroz, pujará por la presidencia con su colega de la Sala Laboral. A la pelea de puestos se le sumará la elección de presidente y vicepresidente de la corte. Por tradición, debería ocupar la presidencia Jorge Luis Quiroz, magistrado cordobés que viene de ser vicepresidente. Pero a su aspiración le saldrá la competencia de su compañero en la Sala Laboral, el magistrado manizaleño Gerardo Botero.
El manizaleño Gerardo Botero peleará la presidencia de la corte. Su candidatura tendría el respaldo del llamado ‘bloque paisa’. La división de la sala laboral viene del año pasado cuando en medio de otro letargo para escoger presidente de la corporación, Botero desistió de su aspiración a la vicepresidencia dejándole el camino libre a Quiroz. También lo hizo la magistrada Clara Dueñas, quien en medio de una creciente tensión decidió hacerse a un lado. Así consiguieron destrabar y elegir a Álvaro García como presidente y a Quiroz como vicepresidente. A esta pugna se le conoció como ‘paisas contra costeños’, y desde entonces se sabía que a futuro traería una verdadera sinsalida pues ninguno daría su brazo a torcer ante la posibilidad de ocupar la presidencia. Esta situación será la que se ventile este jueves, cuando en Sala Plena, ni Botero ni Quiroz den su brazo a torcer. Y ante la falta de votos para elegir presidente, sea designado el magistrado de la Sala Penal José Francisco Acuña como encargado, al ser el primero en la lista por orden alfabético. En este contexto, muchos temían que se avecinara un último evento fulminante. Se rumoraba que el magistrado Ariel Salazar precipitaría su salida de la corte y presentaría su renuncia inmediata. Esto implicaría que el quorum quedaría deshecho en cuanto se la aceptaran. Pero esta semana, el propio magistrado envió una carta al saliente presidente de la corte Álvaro García salvando responsabilidad sobre la inminente crisis que se avecina y descartando su salida antes de la fecha límite: 27 de febrero."Para responder a quienes maliciosamente pretenden acusarme de entorpecer la elección de magistrados para suplir las vacancias actuales, les dejo constancia de haber cumplido con el deber que impone el artículo 40 del reglamento de la corte al haber votado siempre por los candidatos más idóneos académica y profesionalmente, previo examen de sus hojas de vida, su trayectoria, y sus antecedentes, buscando establecer su condición de ciudadanos sin mancha". Acto seguido, el magistrado hace una confesión: dice que oportunamente ha cumplido su deber y responsabilidad "votando en blanco cuando se ha tratado de candidatos cercanos y recomendados por personas que una vez elegidas en la corporación, y contrariando claras disposiciones constitucionales, se dedican a practicar y fomentar el turismo judicial y a hacer uso indebido de las facultades electorales constitucionalmente atribuidas a la Corte Suprema".El manifiesto de Salazar es a simple vista lo que cualquier magistrado debería hacer. Pero de fondo es un mensaje que contiene: una confesión que encenderá los ánimos hacia adentro y un señalamiento que deja graves dudas hacia afuera. Lo primero, porque en los momentos de más tensión hay por lo menos tres votos en blanco bloqueando las elecciones, aún cuando se trata de candidatos cuyos nombres que cuentan con relativo consenso previo. Así que no faltará quién le pregunte a Salazar si su voto estuvo entre estos que impidieron que hubiera humo blanco durante un año entero de votaciones. Lo segundo, porque en síntesis lo que Salazar señala es que no votará por candidatos que sean herederos de magistrados que dedican su función a hacer turismo con la plata de la justicia y a beneficiarse de sus facultades electorales. Un señalamiento que, en medio de una crisis de credibilidad como la que se avecina para el máximo tribunal de justicia, debería tener nombres y discutirse de cara a la opinión pública. En todo caso, la corte se arriesga con este bloqueo a un autogolpe al principio de separación de poderes y al sistema de pesos y contrapesos establecido en la Constitución de 1991. Aunque la presidencia no ha manifestado ningún interés en meterse en esta pelea de resorte únicamente de la justicia, el escenario más probable que se avecina es que los magistrados terminen pidiendo la intervención del Gobierno para salvar el futuro del máximo tribunal.
El presidente Iván Duque se adelantó a sus propios planes y precipitó el envío de la terna para elegir fiscal general, a pesar del bloqueo interno de la corte. Los abogados Camilo Gómez, Clara María González y Francisco Barbosa no han conseguido la votación necesaria para salir electos. Barbosa va a la cabeza con 10 de 16 votos necesarios. Si bien es cierto que se escuchan teorías alrededor de que la corte puede reformar autónomamente su propio reglamento para modificar el quórum, un intento en este sentido salió muy mal en el pasado cuando eligieron a Viviane Morales como fiscal general. En ese momento, solo había 18 despachos ocupados y ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo para darle 16 votos a alguno de los candidatos, acudieron a una interpretación de la regla. Según ellos, la expresión “integrantes” se refería a los magistrados presentes y no a la totalidad de los miembros que deben integrar la corporación. Con esta jugada, declararon electa a Morales con 14 votos en una decisión que posteriormente tumbó el Consejo de Estado. El único antecedente de una corte sin quórum ocurrió luego del holocausto al Palacio de Justicia, cuando murieron 11 magistrados de este tribunal. El presidente Belisario Betancur tuvo que decretar el estado de conmoción interior y expedir un decreto para solucionar el lío. Solo sobrevivieron 12 magistrados, y en consecuencia, la normativa presidencial redujo el quórum y la mayoría para alcanzar decisión quedó en 8 votos. Algo similar tendría que ocurrir ahora solo que ya no sería ocasionado por el peor ataque a la justicia sino por el apetito voraz de los magistrados que van tras cargos burocráticos. Esta entidad se ganó a pulso su independencia pero está a punto de perderla por la incapacidad de sus actuales integrantes.
Este tribunal edificó su confianza a lo largo de muchos años, a partir de sentencias que cambiaron el rumbo del país: sus magistrados castigaron el proceso 8.000, desmantelaron la parapolítica y la yidispolítica. El Palacio de Justicia desapareció por las posturas inamovibles de los magistrados frente a la extradición de capos de la mafia; en sus peores enfrentamientos con el Gobierno, a la imponente sala plena donde sesionan le fueron instalados micrófonos para chuzar sus deliberaciones. Esta entidad se ganó a pulso su independencia pero está a punto de perderla por la incapacidad de sus actuales integrantes.