La Corte Suprema de Justicia citó para el próximo 3 de noviembre a la exministra de Karen Abudinen por el escándalo en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Centros Poblados, en donde se encuentran embolatados 70.000 millones de pesos. El contrato tiene que ver con la licitación para llevar internet a las regiones más apartadas del país.
En dicha versión lo que se espera es que Abudinen dé explicaciones sobre el rol que tuvo dentro de la ejecución del polémico contrato en la que están en juego más de 70.000 millones de pesos de un anticipo hecho al contratista.
Pero no solamente la Corte Suprema le puso la lupa al tema. La Contraloría General de la República informó que escudriñará 234 contratos, que datan desde el año 2014, de cuatro empresas contratistas que tienen relación con el caso de corrupción de la Unión Temporal Centros Poblados, investigada por la pérdida del anticipo de más $ 70.000 millones de pesos que recibió para ejecutar un contrato y llevar el servicio de internet a zonas rurales del país.
Así lo informó este lunes el contralor general de la República, Felipe Córdoba. El funcionario declaró de Impacto Nacional la contratación por más de $ 1,1 billones que han realizado desde 2014 esas cuatro firmas.
El ente precisó que las empresas contratistas son: Omega Buildings Constructora S. A. S., ICM Ingenieros S. A. S., Intec de la Costa, Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería e Innovación (FUNTICS), ahora NOVOTIC.
Hace unos días, se anunció la vinculación formal al proceso fiscal que adelanta la CGR por el caso del MinTic a Emilio Tapia Aldana, Juan Carlos Ángel Cáceres, Juan José Laverde Martínez, Jorge Alfonso Molina García Mayorga y José Rafael Lastre Vergara.
Según el ente de control, fueron vinculados por su presunta incidencia y contribución en la consecución de la garantía bancaria falsa, así como por la pérdida de más $ 70.000 millones girados en calidad de anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados.
Este proceso fiscal se abrió a mediados de agosto pasado por una cuantía estimada de $ 70.243 millones, por las irregularidades en la planeación adelantada por FunTIC en el trámite de la licitación FTIC-LP-038 de 2020, así como en el manejo del anticipo y ejecución del contrato 1043 del 18 diciembre de 2020 resultado del proceso licitatorio.
Dicho contrato, suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados, tenía por objeto la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet en 14.745 centros digitales en zonas rurales de los 32 departamentos del país.
La Contraloría informó que también investiga las irregularidades en el control y seguimiento adelantado por la interventoría, con ocasión del contrato 1045 de 2020.