De acuerdo con un comunicado de la Corte Suprema de Justicia, frente a la persistencia del asedio terrorista contra jueces y fiscales del municipio de Tuluá (Valle del Cauca), se demanda una respuesta interinstitucional urgente de las autoridades competentes y los organismos de seguridad y protección del Estado.
La solución idónea y oportuna a esta grave situación, observada en atentados como el perpetrado la noche del 12 de septiembre contra la sede de los juzgados penales de Tuluá, debe comprender la garantía de la vida e integridad de los servidores judiciales amenazados, el ejercicio autónomo e independiente de la función judicial en todo el país y la salvaguarda de las sedes de la justicia.
La Corte reitera el llamado público formulado hace dos semanas, “para que se atiendan con prontitud las medidas de protección solicitadas por los servidores judiciales ante los actos violentos de intimidación, así como la priorización de las investigaciones y judicialización de los integrantes de las bandas criminales responsables”.
La Rama Judicial confía en la acción conjunta y coordinada de la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la fuerza pública y el Gobierno nacional, para enfrentar con decisión las amenazas violentas contra la independencia judicial y el Estado de Derecho.
¿Qué le corresponde a la Rama Judicial?
De acuerdo con el Gobierno de Colombia, a la Rama Judicial le corresponde administrar justicia, solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre estos y el Estado, y decidir cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. Dichos pronunciamientos toman principalmente la forma de sentencias, fallos, o autos.
‘‘Es la encargada hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución y en las leyes, con el fin de lograr y mantener la convivencia social’’, señalan.
Consejo de la Judicatura toma medidas
El Consejo de la Judicatura, a través de la Dirección Nacional Administrativa y las Direcciones Provinciales, fortalece las políticas para la seguridad de los servidores y dependencias judiciales a escala nacional.
En este contexto, el pasado 31 de julio de 2023, el director general del Consejo de la Judicatura, David Guzmán, y el director administrativo, Rigoberto Gómez, mantuvieron una reunión de trabajo con los directores provinciales para analizar los protocolos que mantiene la institución en situaciones de emergencia.
Para la construcción de una nueva normativa de seguridad se han desarrollado varias actividades. Por ejemplo, reuniones periódicas con el personal de la Escolta Judicial y con la Dirección Nacional de Seguridad y Protección (Dinpro) de la Policía Nacional.
En este marco, el CJ, la Dinpro, la Dirección General de Inteligencia y la Escuela de la Función Judicial desarrollarán un taller de capacitación sobre seguridad y autoprotección que estará dirigido a todos los servidores judiciales del país.
Esta capacitación se realizará vía Zoom y tendrá una duración de dos horas diarias, de lunes a sábado; el domingo, los servidores que participan en la capacitación tendrán que rendir una prueba práctica.
“El objetivo del taller es proporcionar información útil para que los servidores puedan enfrentar situaciones de riesgo tanto en su entorno laboral, como personal”, señala el Consejo de la Judicatura.
Con acciones como esta, el Consejo de la Judicatura, presidido por el doctor Wilman Terán, promueve la paz, justicia y verdad en el sistema judicial.