Para las 2 de la tarde de este miércoles está programada la audiencia en la cual se acusará, ante la Corte Suprema de Justicia, al excongresista y actual magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada Artunduaga, por el delito de soborno a testigo en actuación penal, en calidad de cómplice.
Pocas horas antes que se inicie la respectiva audiencia, la Sala de Primera Instancia rechazó de tajo la solicitud de nulidad presentada por los abogados del magistrado y en la que se reclamaba que el proceso no podía ser adelantado por la Corte Suprema pues Prada renunció al Congreso el 21 de abril de 2021, mucho antes que se definiera su situación jurídica dentro de este proceso.
En su carta de renuncia, Prada cuestionó la falta de imparcialidad de las instituciones en Colombia y aseguró que había sido víctima de amedrantaciones “por mi inquebrantable solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez he sido víctima de una injusta acusación por hechos de público conocimiento que solo pretenden enlodar al expresidente a costa de mi buen nombre”.
Sin embargo, para el magistrado Ariel Augusto Torres la Corte sigue teniendo competencia en este proceso pues los hechos materia de investigación se presentaron cuando Prada fungía como representante a la Cámara. Por esto, la audiencia de “lectura auto” programada para este miércoles sigue en firme.
Prada es investigado por presuntamente buscar al exparamilitar Carlos López, conocido con el alias de Caliche, para que ejerciera presiones ante Juan Guillermo Monsalve con el fin que se retractara de los señalamientos que había hecho en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez.
Estos hechos, según señaló Caliche en una diligencia ante la Corte Suprema, se presentaron entre los días 20 y 24 de febrero de 2018 en la cárcel de Palmira, en el Valle del Cauca. El exparamilitar aseguró que Prada -a quien no conocía- se presentó por intermedia persona como representante a la Cámara por el Huila muy cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En la investigación se indica que estando en la cárcel Picota, de Bogotá, Juan Guillermo Monsalve recibió “mensajes de texto y de voz vía WhatsApp de su amigo Carlos Eduardo López Callejas desde Neiva, Hulla”. En estos mensajes, se le indicaba que “personas del partido Centro Democrático, concretamente el representante a la Cámara por el departamento del Hulla Álvaro Hernán Prada Artunduaga, de parte del expresidente y senador para ese momento Álvaro Uribe Vélez”.
Caliche le aseguraba que la idea era que grabara un video en el que se retractara de los señalamientos hechos contra el exmandatario, “señalando además que tales declaraciones en contra de estos, eran falsas y que fueron realizadas por virtud de los ofrecimientos de beneficios jurídicos y/o prebendas que le hizo el congresista Iván Cepeda; y a cambio de su retractación recibiría beneficios como el ingreso a la jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mejores condiciones de reclusión, seguridad para él y su familia y salida”.
Este video, según se le señaló, debía ser grabado lo más pronto posible pues tenía que ser presentado el viernes 23 de febrero de 2018. “Ni la carta se firmó por parte de Juan Guillermo Monsalve Pineda, pese a la insistencia de Carlos Eduardo López Callejas, dado que Monsalve Pineda dijo no estar dispuesto a incrementar su pena por la comisión de un delito de falso testimonio”.
En varias oportunidades, el excongresista ha manifestado que jamás ejerció presiones indebidas, cuestionando el hecho que nunca se le permitió ejercer su debida defensa. Para Prada, es curioso que mientras se archivara la investigación contra el senador Iván Cepeda, y la Fiscalía pidiera la preclusión de la investigación contra Álvaro Uribe, la Corte Suprema decidió llamarlo a juicio.
“Durante más de tres años, el senador -en referencia a Iván Cepeda- recorrió establecimientos carcelarios para entrar en contacto con delincuentes peligrosos en búsqueda de una acusación sin sustento contra el expresidente, con las consecuencias que conocemos”, afirmó en su carta de renuncia ante la Cámara de Representantes.
“Dentro de las cosas más absurdas de este proceso es la forma como me involucran en el mismo. Lamentablemente, he tenido que vivir la vulneración de mis derechos fundamentales, como el de la defensa y el de la presunción de inocencia, lo cual no solo ha causado sufrimiento en mí, sino a toda mi familia”, aseveró.