El senador liberal Horacio Serpa ha tenido una semana para el olvido. La Corte Suprema de Justicia tenía en sus manos el futuro de la investigación contra el congresista, por su presunta relación en el crimen del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. La investigación por años la llevó una fiscal delegada ante ese tribunal. Sin embargo, una decisión de este miércoles cambio el rumbo del proceso. En exclusiva Semana.com tiene en su poder la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justiciaque con ponencia del magistrado Gustavo Malo Fernández, le solicita “la Fiscalía General de la Nación, la inmediata remisión del proceso que se adelanta contra el senador de la República Horacio Serpa Uribe” (Ver documento). Para el magistrado Malo, es claro que “el doctor Horacio Serpa Uribe ostenta el fuero constitucional que le atribuye a la Corte, de inmediato, la competencia para asumir el trámite averiguatorio”, indica la providencia. Para la Corte es clara la competencia que tiene para juzgar a congresistas que tengan investigaciones en curso antes de posesionarse como congresistas como lo prevé la Constitución en el artículo 186, “crea un fuero especial para los congresistas, que consiste en la garantía de que estos sólo serán investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia por los eventuales delitos que cometan”. Igualmente la Corte pone de presente la sentencia C-222 de 1996 de la Corte Constitucional, en la que señala que “mientras una persona sea Congresista, será investigada por la Corte Suprema de Justicia, por cualquier delito; sin embargo, si la persona ha cesado en su cargo, entonces sólo será juzgada por esa alta corporación si se trata de delitos relacionados con el cargo”. Esta decisión de la Corte Suprema prima sobre la directiva del fiscal general, Eduardo Montealegre, que señalaba que él tenía la competencia para seguir investigando a Serpa: “Si la persona en el momento de posesionarse como parlamentario tenía en curso alguna otra investigación, el conocimiento de la misma sigue siendo competencia de la Fiscalía”. En ese orden de ideas se espera que con esta decisión se destrabe la solicitud realizada por la familia del líder conservador Álvaro Gómez para que el caso sea declarado de lesa humanidad y no prescriba en el tiempo.